La arremetida de senadores y empresas para impulsar una solución integral que logre poner freno a la alta morosidad que se está acumulando por la ley de servicios básicos, que prohíbe el corte por no pago, está dando frutos.
Ayer la comisión de Economía del Senado no sólo despachó a la Sala el proyecto que prorroga la normativa, sino también contó con la venia del Ejecutivo para constituir una mesa de trabajo que discuta una fórmula de largo plazo.
Fue el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien tomó el liderazgo de la discusión y reconoció, al presentar la situación del sector sanitario, que la disyuntiva de quién pagará estos recursos es un tema donde “podemos comprometernos a trabajar en conjunto a partir de ahora”.
El primer pronunciamiento público del gobierno frente a este debate fue recogido por su par de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, reconociendo que están “disponibles para dar, llegado el momento, una solución más permanente que permita volver gradualmente a la situación antes de la pandemia”.
Fue ahí que, ad portas de retomar la votación respecto al proyecto que extiende la ley, el senador Jorge Pizarro -quien la semana presentó una propuesta con una solución de largo plazo ante las dudas sobre si los clientes podrán pagar sus deudas morosas una vez terminada la emergencia- pidió tomar una decisión “seria” de armar un equipo de trabajo para encarar la problemática.
“No me atrevo, por un tema de conciencia, llegar y despachar esto sin tener definido cómo vamos a trabajar esta solución más integral”, advirtió, mientras algunos apostaban despachar primero la iniciativa y luego dar pie a la discusión de largo plazo.
Pero, más tarde Moreno fue más explícito: “Podemos armar un equipo y dar un paquete que pudiéramos luego hacer un proyecto de ley específico para eso, y que fuera a resolver esto al momento en que las personas realmente lo requieran”.
Esto ayudó a descomprimir el ambiente y a que la instancia despachara el proyecto en trámite. Además, se acordó formar una mesa de trabajo integrada por la comisión de Economía, otros senadores como Guido Girardi y equipos ministeriales. Según fuentes, este miércoles se concretaría la primera reunión técnica y Moreno tomó el liderazgo de esta instancia.
Pese a los contratiempos, se despachó el proyecto que extiende la actual ley, definiendo -por ejemplo- la ampliación de la cobertura al 80% más vulnerable. Tras esto, expertos presentaron los alcances de la propuesta de Pizarro, la que fue valorada y también dejó dudas.
Moreno precisó que es difícil proyectar cuál será el monto de la deuda, ya que depende de la duración de la pandemia, las dificultades económicas y el incentivo de no pago. “Si las personas supieran que el 50% de su deuda no se va a pagar, lo supieran desde hoy, tendríamos una inmensa cantidad de personas que no pagaría”, reflexionó.
A esto sumó las dificultades para demostrar que las personas no pueden pagar. “Es una de las complejidades de establecer a priori cuál va a ser el subsidio en el momento del pago, adelantarnos al problema”, agregó.
En sí, en la instancia hubo coincidencia en que es necesario construir un sistema para sancionar conductas abusivas que podría estar acarreando la ley al prohibir el corte de los servicios sin distinción. El presidente de la comisión, Álvaro Elizalde, planteó dudas de que el subsidio termine siendo un incentivo al no pago.
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