El gobierno de Alberto Fernández propinó un duro golpe a las pocas aerolíneas low cost que operan en Argentina -JetSmart y Flybondi- al anunciar que regresarán al país las bandas tarifarias para los precios de los pasajes de rutas domésticas.
A través de un decreto oficial, el Ejecutivo determinó que establecerán topes y mínimos para los boletos, en una medida que ha sido considerada en la industria como un salvataje para Aerolíneas Argentinas, la firma bandera de la nación trasandina.
Ahora, el Ministerio de Transporte deberá determinar cuáles serán esos costos en un plazo no mayor a 180 días. Esta medida había sido eliminada por la administración de Mauricio Macri, con la que se abrió la puerta para el aterrizaje de este tipo de empresas, que ofrecen promociones competitivas con tiquetes a muy bajos precios.
La justificación del gobierno para retomar esta apuesta es que el Estado "debe velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservar la sostenibilidad no solo del transporte aéreo, sino también del sistema general de transporte, y evitar prácticas ruinosas que tras una efímera ventaja económica para el consumidor o la consumidora se revelan, a la larga, contrarias al interés general".
Eso dice el decreto firmado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. En él, también apuntan que buscan evitar "tanto situaciones de abusos tarifarios como cualquier tipo de especulación económica basada en la obtención de retornos excesivos, luego de aplicar prácticas predatorias que deterioren la prestación de este servicio público".
Según reseñan medios locales como El Cronista de Argentina, esa decisión habría partido de un análisis de los balances presentados por las compañías del sector, que arrojó que "el resultado económico de todas las empresas es negativo", apunta el documento oficial.
Esto, dicen, "indica que los ingresos de la actividad aeronáutica no alcanzan a cubrir los costos directos e indirectos de la misma, desde hace varios años, como resultado de la fijación de tarifas predatorias, que llevaron al colapso del sistema".
Eso sí, la publicación no hace ninguna mención a las sucesivas devaluaciones del peso, tanto del gobierno anterior como del actual, decisiones que golpearon con fuerza los ingresos en moneda nacional de las compañías aéreas.
Críticas de la industria
Las aerolíneas privadas e incluso desde el arena política acusan que el Ejecutivo de Fernández quiere favorecer a Aerolíneas Argentinas, que es controlada por la agrupación La Cámpora a través del senador Mariano Recalde, expresidente de la compañía estatal. Y es que, además, en el decreto apuntan que la asignación de capacidad y frecuencias para los viajes internacionales se determinarán en función de la capacidad operativa de la firma local.
Además, critican que se establezca un mínimo considerando la crisis que atraviesa el sector, a propósito del Covid-19 y los prolongados cierres de fronteras.
El tope de las tarifas se eliminó en enero de 2016 y el piso dejó de aplicarse en agosto de 2018, bajo el gobierno de Macri, que también introdujo cambios en la regulación aerocomercial para dar permisos a nuevas aerolíneas para operar en el mercado interno, incluyendo las del modelo low cost. Así fue que aterrizaron Flybondi, JetSmart y Norwegian, de las que actualmente quedan solo las dos primeras.
En 2018, el Ejecutivo también puso en funcionamiento comercial el aeropuerto de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, una tradicional base aérea militar, que fue cerrada a fines de 2020 por problemas de seguridad.
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