Google presentó en la noche del lunes 28 de septiembre al tribunal del distrito sur de Nueva York una petición para poner fin a los contratos de prestación de servicio con el Grupo Latam Airlines, argumentando falta de pagos.
La multinacional solicitó revisar US$ 8,25 millones relacionados a prestación de servicios de AdWords y servicios en la nube que no fueron pagados. Ese valor fue incluido en el proceso de recuperación judicial.
En la nueva petición, el gigante de Internet busca revisar otros US$ 2,74 millones, relacionados a servicios prestados después de que Latam entrara en proceso de recuperación judicial y, por eso, no están incluidos en el proceso de recuperación judicial.
Ana Carolina Monteiro, abogada del área de reestructuración e insolvencia de Kincaid | Mendes Vianna Abogados, explicó que, en EEUU, cuando una empresa entra en recuperación judicial, los acreedores no pueden cobrar judicialmente las deudas impagas hasta que haya obtenido aprobación de los acreedores para el plan de recuperación judicial.
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En la petición, Google solicitó un relajamiento de esa regla para por poder poner fin al contrato de prestación de servicios de Latam, tomando en cuenta que el valor es extraconcursal, es decir, está fuera del plan de reestructuración de la aerolínea.
El juez James L. Garrity Jr. avaló la petición y fijó una audiencia entre ambas compañías para el 20 de octubre para que llegue a un acuerdo.
Para la abogada, esa estrategia debe podría ser adoptada muy pronto por otros acreedores que no están recibiendo pagos por parte de Latam. "Todos estaban siendo muy pacientes hasta que Latam consiguió el financiamiento. A partir del momento en que fue aceptado el recurso para pagar los gastos operacionales los acreedores tienden a pedri la renegociación de los contratos en la justicia", afirmó Ana Carolina.
El 18 de este mes, la justicia de EEUU aprobó un plan para el grupo Latam, que prevé un financiamiento de US$ 2.450 millones por los socios controladores del grupo y por los acreedores. El financiamiento será bajo el modelo DIP (Debtor In Possesion), que permite a los acreedores que ofrecen financiamiento tener prioridad a la hora de recibir los valores.
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