Podría transformarse en un caso emblemático, de estudio. El pasado 21 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió, con costas, un recurso de protección presentado por una ciudadana argentina domiciliada en Hualpén en contra de Latam Airlines. En su sentencia, el tribunal dejó sin efecto lo que denominó como una “decisión unilateral” de la aerolínea, luego que esta anulara la venta de un pasaje aéreo ida y vuelta Madrid-Santiago, en clase premium business, comprado en 304 euros.
“Mientras una sentencia dictada por tribunal competente no anule la compraventa de los referidos pasajes aéreos, no le era lícito a Latam proceder unilateralmente a alterar el statu quo, anulando billetes aéreos legítimamente adquiridos”, dijo la corte, que dejó sin efecto la decisión de la aerolínea de cancelar y/o anular los tickets aéreos.
La pasajera –representada por el abogado Eduardo Orellana Medel- ya logró hacer uso de los pasajes. “Ello se pudo concretar conforme a la orden de no innovar decretada, por lo que se ha mantenido la decisión unilateral de Latam, que debe ser dejada sin efecto para que tal empresa en lo sucesivo evite incurrir en conductas de este tipo que lesionan derechos y garantías constitucionales de sus pasajeros”, dijo el tribunal de alzada.
No obstante, la aerolínea presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema el 24 de septiembre, con el cual busca revertir la sentencia de la corte penquista.
La empresa dijo que, en el último mes y medio, se han interpuesto cerca de 250 recursos de protección en su contra en diferentes Cortes de Apelaciones del país, por los mismos hechos. “En todos los casos, sin excepción hasta el fallo que por este acto impugno, los recursos han sido rechazados por encontrarnos frente a hechos que denotan una controversia entre partes y que, para su conocimiento se requiere un juicio de lato conocimiento que dé plenas garantías procesales a las partes”, dijo a la Suprema el abogado de la aerolínea, Roberto Coloma.
Luego, el jurista entró al fondo de la disputa. Sostuvo que Latam se vio afectada por esta situación producto de una alianza comercial con Iberia: a través de esta, es posible ofrecer vuelos en una y otra compañía (modelo de negocio conocido como código compartido).
Explicó que la firma ibérica, incurriendo en un gravísimo error: informó a determinadas agencias de viaje una tarifa para volar entre Madrid y Santiago en premium business a un valor de 304 euros por ambos tramos del viaje. “Dicha tarifa es ofrecida tanto por Latam como por Iberia en sus propias plataformas de venta a un valor que fluctúa entre los 7.000 y los 10.000 euros”, sostuvo.
Los boletos fueron adquiridos en el portal Booking, donde –según el proceso judicial- figuraron delimitados los tramos del vuelo operados por Iberia y la firma chilena.
“Latam nunca ha manifestado su consentimiento para los efectos de dicha venta, en la cual existe un claro y evidente error en el precio, toda vez que tales pasajes fueron comprados por los recurrentes en un valor irrisorio, razón por la cual, cuando se detectó el hecho Latam canceló los pasajes que fueron comercializados en tales condiciones, precisamente por cuanto, el valor resultaba a tal nivel irrisorio, que no resultaba posible presumir siquiera un consentimiento en tal venta”, sostuvo.
¿Mala fe?
En uno de sus considerandos, la Corte de Apelaciones de Concepción apuntó a la mala fe que atribuyó Latam a la clienta que recurrió a la justicia. “No merece reproche el hecho de que frente a una publicación de pasajes aéreos, los consumidores estén atentos a las promociones u ofertas que se producen, máxime si su precio, como en el caso en cuestión, está lejos de ser una cifra insignificante”, dice el fallo.
Frente a esto, la compañía aérea dijo al máximo tribunal del país: “No estamos ni frente a una promoción ni a una oferta (…). Latam jamás ha publicado en sus propias plataformas, pasajes entre Madrid y Santiago en premium business a 304 euros; ni aun en días de Cyber”.
Luego, la empresa insistió: “Lo evidente es que efectivamente este error fue viralizado en redes sociales, y muchas personas aprovecharon la oportunidad sin atender al hecho que estaban frente a un error claro y evidente en el precio”.
Ahora, solo resta esperar el fallo del máximo tribunal del país, que podría generar un precedente para la industria.
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