Una vez que el juez James L. Garrity informe su decisión sobre el financiamiento DIP para Latam Airlines, se abre un proceso de 14 días para apelaciones que serán elevadas y revisadas por un Tribunal superior.
Sin embargo, aun cuando estas se presenten, fuentes conocedoras del proceso en EEUU contaron a DF que, por lo general, no son acogidas, porque podrían terminar interfiriendo con el proceso de desembolso del préstamo, que debería empezar a llegar en 10 días. Y, si es que se diera curso a alguna, se asegura que se resguarden los derechos de las partes de buena fe, por lo que debe haber un error o una falta de criterio importante para que la decisión sea revertida.
En paralelo, se da inicio a las conversaciones para preparar el eventual plan de reorganización, con proyecciones económicas y financieras más detalladas acerca de la situación de la compañía. Ello, permitirá vislumbrar qué alternativa puede tomarse para materializar la reestructuración, una vez se haya fijado el valor de la compañía. Así, la firma determina si el pago se hace en efectivo o se ejecuta la convertibilidad en acciones.
“En los próximos días, Latam tiene que presentar el listado de activos, el listado de pasivos y lo que consideran son los contratos pendientes de ejecución que, en inglés, se denominan ‘schedules of assets and liabilities’”, explicó uno de los abogados.
Ello podría ser cerca del 8 de septiembre. “Ahí se dan a conocer los actores que van a participar del proceso, quiénes son todos los acreedores de Latam –más allá de la lista de 30 que se publicó al inicio del caso- y, así, se podrá visibilizar quiénes están más expuestos”, detalló.
Posteriormente, se fijan los tiempos para verificar crédito, lo que le permite a los acreedores presentar sus reclamaciones ante el Tribunal. Será un período de cuestionamientos, de objeciones a pagos y eso podría generar, según explicaron los expertos, movimiento en Chile y fuera del país. “Los interesados empezarán a ver cuánto le reconocieron a ellos y a las otras partes, y los contratos que se pueden rechazar (...) En ese contexto se empieza a dar la negociación propiamente del plan”, aseguró.
“Es el momento más álgido de la discusión. Si la compañía ha hecho bien su trabajo en este periodo, habrá un entendimiento y no debería haber tantas objeciones”, apuntó otra de las fuentes.
Así las cosas, Latam tiene 120 días para presentar su propuesta, período que es prorrogable hasta 18 meses, previa autorización del juez. Luego, se tiene acceso al disclosure statement; un documento que resume el plan con el detalle suficiente para que un inversionista pueda tomar decisiones. Y, una vez aprobado, se da luz verde a Latam para solicitar el voto de los acreedores.
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