En el marco de la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que fija el marco para la gestión de residuos, 25 grandes empresas pidieron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su autorización para asociarse y gestionar juntos el reciclaje de envases y embalajes.
Se trata de Agrosuper; British American Tobacco; Cambiaso Hermanos; Cencosud; Cervecería Chile; CMPC Tissue; Coca Cola Embonor; CCU; Embotelladora Andina; ECUSA; Carozzi; Demaria; Evercrisp; Ideal; Dos en Uno; L’Oréal; Natura; Nestlé; PF; Procter & Gamble; Sodimac; Lucchetti; Unilever; Viña San Pedro; y, Watt’s.
Con este movimiento, esta sería la primera vez que se solicita la autorización para un sistema de gestión colectivo en nuestro país desde que la ley entró en vigencia.
De acuerdo a la Ley REP, las empresas que introduzcan al mercado aceites lubricantes, aparatos electrónicos y eléctricos, baterías, neumáticos, pilas, envases y embalajes, deben hacerse responsables de los residuos que generan esos productos hasta su eliminación.
Así, la norma autoriza a que la gestión de residuos pueda hacerse de manera individual o colectivamente, a través de la creación de un sistema colectivo de gestión (SIG). Esto último fue por lo que optaron estas 25 empresas, lo que además del visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, debe tener el apoyo de las autoridades de libre competencia, por lo que el paso al TDLC toma relevancia.
Por otra parte, en un comunicado enviado esta tarde por Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile), se destacó el ingreso de la solicitud. La gerente general, Marisol Figueroa, señaló que lo anterior se da luego del “intenso trabajo iniciado por el gremio de alimentos y bebidas en 2014, que luego fue complementado por 10 empresas de otros sectores para su configuración. Ésta es la principal política pública que se implementará en el país para abordar los desafíos medioambientales que enfrentamos en materia de gestión de envases y embalajes, con una inversión de 638 millones de dólares en los próximos 5 años, para la implementación del SIG”.
Los detalles del acuerdo
Según un documento de 66 páginas que ingresó al organismo el viernes y al que tuvo acceso DF, las empresas justifican que por medio de este sistema colectivo se podrá alcanzar economías de escala y cumplir con sus fines de política pública, además de que, el Decreto 12 “señala que el número de asociados a un SIG no es irrelevante y que la existencia de sistemas colectivos conformados por pocos productores podría generar distorsiones en el mercado de la gestión de envases y embalaje, y perjudicar a productores que persiguen introducir productos reciclables”.
Así, se añade que “por lo mismo, indica que el beneficio de poder cumplir las metas de manejo con cualquier residuo de envases y embalajes, queda reservado exclusivamente a aquellos SIG conformados por más de 20 productores no relacionados”, como es el caso del Sigenem (sistema colectivo de gestión de envases y embalajes), bajo el cual operarán las empresas.
De acuerdo a la presentación, el Sigenem es un sistema de gestión colectiva compuesto por las empresas solicitantes y en proceso de constitución bajo la figura de una corporación de derecho privado. Este operará como intermediario entre sus productores asociados y los gestores autorizados con quienes se licita la contratación del manejo de los residuos.
Conforme lo exige la Ley, “el Sigenem no distribuye utilidades entre sus asociados y es responsable frente a la autoridad del cumplimiento de las obligaciones y metas de gestión de residuos de las solicitantes”, se señala en el documento.
Además, se describe que para efectos de su dirección, el Sigenem contempla un directorio compuesto por siete titulares independientes y que actúan “en el interés exclusivo del Sistema de Gestión para alcanzar los objetivos impuestos por la Ley REP”. De esta manera, se busca que los directores no tengan ningún vínculo con los socios (las empresas que solicitan gestionar colectivamente sus residuos) para evitar el intercambio de información sensible.
Las reglas del funcionamiento
Ahora bien, según explican las empresas en su solicitud al Tribunal, la Ley REP fomenta la participación colectiva de productores para que estos se hagan responsables de sus residuos. Sin embargo, considera que tanto la reunión de productores que son competidores en mercados relacionados, como las condiciones en las que se contrate a las empresas que harán la recolección y el manejo de los residuos, puede generar eventuales riesgos de libre competencia.
Precisamente por esto es que la norma exige que se obtenga un informe favorable del Tribunal sobre las condiciones de funcionamiento del SIG.
Sobre este punto, las empresas explican al TDLC que “las reglas y procedimientos para la incorporación de nuevos socios y el funcionamiento del Sigenem no contienen reglas que afecten la libre competencia”. Asimismo, argumentan que “las bases de licitación elaboradas para contratar el manejo de residuos fomentan la competencia y la participación del mayor número de oferentes posible”.
Del proceso en el TDLC -que podría extenderse por varios meses- podrán participar y presentar sus opiniones otras empresas que tengan interés en el sistema de recolección y tratamiento de envases y embalajes.
De acuerdo al documento, la presentación se hizo a través de los abogados Julio Pellegrini, Pedro Rencoret y Diego Ramos del estudio Pellegrini & Rencoret.
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