Que la pretensión de Amipass no prospere. Esa fue la solicitud que presentó la firma de vales de alimentación, Pluxee, respecto de que su competidora participe como tercero coadyuvante en el caso de colusión que hoy tiene al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) investigándola a ella y a su compatriota francesa, Edenred.
Cabe recordar que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) destapó el caso apuntando que ambas –específicamente sus ejecutivos a cargo– se habrían puesto de acuerdo para no competir y repartirse sus clientes entre los años 2013 y 2021. Y, en su escrito, la misma autoridad trajo a la mesa a un tercer competidor presente en la industria afectada: Amipass, del chileno Patricio Dueñas.
Así, hace algunos días esta solicitó participar del caso como tercero, argumentando que las consecuencias competitivas de los actos acusados “se proyectan hasta la actualidad”, y que las requeridas todavía conservan sus posiciones dentro del mercado, manteniendo contratos o servicios adjudicados en procesos que se llevaron a cabo en el marco de la presunta coordinación acusada.
Sin embargo, la movida no cayó bien desde la contraparte. Rápidamente, Pluxee ingresó un escrito al mismo TDLC solicitando el rechazo de su entrada o, sino, que su aceptación en el caso sea condicionada a responder directamente al requerimiento de la FNE.
Según argumentó la firma acusada, la intervención de un tercero coadyuvante exige acreditar un interés actual en los resultados del juicio, “que derive de la conducta efectivamente imputada en el proceso al que se pretenden ingresar”, lo que –a su juicio– “no sucede en este caso”.
Una lectura propia
Según relata Pluxee, Amipass sostiene haber sufrido “un daño estructural doble” a raíz de la presunta colusión entre sus dos competidoras. Esta, explicó, habría consistido en “una barrera de entrada que le impide captar clientes en condiciones de competencia” y en “una barrera de escala” que le habría bloqueado el acceso a grandes licitaciones públicas.
Pero el requerimiento de la FNE, apuntó la francesa, “no imputa dicha conducta”, en otras palabras, a un presunto boicot. Al contrario, a su juicio, el interés que Amipass invoca deriva "de circunstancias diferentes y de una calificación jurídica propia, constituída a partir de una lectura de los hechos que la propia FNE no formuló”, lo que no sería consistente con la figura de tercero coadyuvante.
Además, formuló que la propia Amipass “reconoce no contar, a la fecha, con un antecedente concreto que sustente su comparecencia, limitándose a señalar que ello “se acreditará” en una oportunidad procesal futura, lo que confirma que su interés no es actual, sino, en el mejor de los casos, eventual”.
Una estrategia comercial
Según mencionó Pluxee, desde que se destapó el caso su competidora chilena ha desarrollado una estrategia para “intentar sacar provecho comercial del mismo”. Esto, argumentó, aún cuando Amipass fue mencionada en el requerimiento de la FNE “de modo accesorio o secundario, solamente como el tercer actor oferente en la industria”.
Dicha mención, continuó, habría dado paso para que la firma explotara esa oportunidad comercialmente, “por medio de una profusa campaña”, “construida en base a imputaciones e hipérboles abiertamente contradictorias con los propios hechos del requerimiento”.
En paralelo, también acusó que la chilena ha contactado directamente a clientes de Pluxee Chile, “instándolos a contratar sus servicios bajo argumentos factualmente incorrectos y jurídicamente errados”. En el caso de organismos públicos, la francesa apuntó que Amipass les habría dicho que resultaba “inconveniente para el Estado renovarle el contrato o seguir teniendo contratos” con las requeridas, sugiriendo –dijo Pluxee– que “no los inviten a licitaciones, no los acepten y los sancionen”.
La respuesta de Amipass
Amipass no se quedó callada. Y, a los pocos días, ingresó un escrito asegurando que su interés es concordante con el de la FNE puesto que persigue el mismo resultado. Según detalló, ellos no proponen otra conducta, “otra calificación jurídica, otros requeridos ni otras sanciones”.
En esta línea, defendió que su interés de participar en el juicio es actual, puesto que es competidora del mercado afectado y tiene comprometido “su derecho a competir en un mercado libre de acuerdos colusorios”; y también porque las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que se adopten definirán las condiciones de competencia en que opera.
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Catalina Vicuña
