El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), presidido por Enrique Vergara, está pensando en introducir cambios en la distribución del organismo para agilizar los tiempos de tramitación de las causas.
La idea es incorporar más salas para replicar el funcionamiento de instituciones como la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones.
"Es una idea en pañales, pero que considera hacer reformas de procedimientos en el Tribunal e inspirado en las instancias civiles. Creo que aquí (el TDLC) se deberían hacer los procedimientos más ágiles", comentó el titular del organismo antimonopolios, en el marco del seminario organizado por la red Pro Competencia, fundado por Ana María Montoya y Vanessa Facuse, en que se dio a conocer un sondeo a 86 expertos, del sector público y privado, sobre aspectos de libre competencia en el país.
Vergara destacó que el tiempo de tramitación de las causas se ha elevado en los últimos tres años, como consecuencia, principalmente, del mayor volumen de casos, los que aumentaron en rangos de 93%, reveló.
"Para solucionar se puede pensar al largo plazo, con reformas al Tribunal, o como pensamos también en incorporar este par de salas, donde una sea tramitadora y otra se dedique a la confidencialidad. Justamente éste último tema quita una cantidad de tiempo impresionante", agregó.
En ese sentido, si bien no es un proyecto en curso, se está pensando que los miembros del TDLC se puedan dividir en estas salas dependiendo de los casos en tramitación.
Impulsar el rol de los organismos
Más que cambios profundos en los organismos que persiguen delitos económicos como las colusiones, el presidente del TDLC, manifestó que también hay que elaborar una mejor estrategia para potenciar los avances de la materia y "sacar el jugo comunicacionalmente" a sus instituciones.
Y es que el problema, indicó, es que "hoy la libre competencia no es un tema, pero sí lo es el abuso". "Ha faltado recalcar la idea de que, cuando se sanciona un caso grande, es una gran noticia; sin embargo, la percepción ciudadana piensa que es una pésima noticia. Estamos totalmente mal. Creo que hay que hacer un esfuerzo serio de relevar el lado positivo de encontrar casos de colusión", explicó el abogado.
Este tema cobra mayor relevancia frente al debate constitucional que se abrirá en las próximas semanas.
Vergara entregó su mirada de cómo continuar con un buen funcionamiento institucional: con independencia de sus organismos, el carácter técnico de sus integrantes, un correcto balance de funciones entre las autoridades en la materia, contar con un robusto portafolio de herramientas para cumplir su rol y, por último, contemplar procedimientos eficaces y eficientes, para que las resoluciones que se emitan sean oportunas.
El presidente del TDLC defendió el carácter autónomo de las decisiones de los organismos que intervienen en esta materia, dado que en el sondeo que se dio a conocer en el seminario, se mostró que un 31% de las personas consultadas cuestiona la influencia política que podía tener.
"En materia de independencia de sus instituciones, me llama la atención que en la encuesta, un 31% considera una amenaza el aumento de consideraciones políticas en las decisiones. Esto es sorprendente, porque hoy la FNE y el TDLC cuentan con los resguardos para que el nombramiento de sus autoridades pase por un cedazo técnico y, por lo tanto, sus decisiones no estén teñidas de consideraciones políticas. Probablemente esta opinión se deba al próximo proceso constitucional", acotó.
Las licitaciones son el mercado más
expuesto a problemas de competencia
Entre los mercados más expuestos a problemáticas relacionadas con la libre competencia está en primer lugar las licitaciones -con el 44,7% de las menciones-; seguido por medicamentos (31,8%) y retail (24,7%), según arrojaron los primeros resultados de la encuesta hecha por la red Pro Competencia, que sondeó a 86 profesionales entre abogados y economistas. Por el contrario, sectores regulados como las telecomunicaciones, eléctrico, medios de pago y servicios básicos, son percibidos con menor exposición a estos problemas.
En línea con lo anterior, y al preguntarles por las mejoras que consideran urgentes incorporar para asegurar la eficacia del sistema, uno de cada tres expertos señala necesario "establecer un control obligatorio de las bases de licitaciones de gran envergadura", destacándose así como la propuesta más mencionada.
Más atrás le siguen "la urgencia de modificar las reglas para que las recomendaciones normativas de TDLC y FNE sean obligatorias para los organismos públicos (22,4%) y la necesidad de abordar la modificación de la carga de la prueba en materia de conductas unilaterales, estableciendo una presunción respecto de prácticas abusivas en contra de la empresa dominante (22,4%).
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