¿Qué viene ahora? Después de que el lunes el Registro Civil echara pié atrás y dejara sin efecto la adjudicación de la millonaria licitación de cédulas y pasaportes a la china Aisino, los plazos comenzaron a correr para definir qué pasará con el concurso.
Fuentes conocedoras del proceso explican que el hito clave será el 15 de diciembre, plazo límite para que el servicio público tome una definición del camino que seguirá con el concurso, donde habría varias opciones sobre la mesa.
Con Aisino prácticamente fuera de carrera, en lo formal, el proceso sigue en curso, aunque las bases entregarían dos opciones a seguir: primero, que se continúe con la tramitación del concurso público con el resto de los oferentes (Idemia, Sonda-Thale, Telefónica y Veridos). En esto, el consorcio chino-alemán se consideraría fuera de competencia, dado que no respondió los requerimientos, incumpliendo el proceso de contratación.
Pero hay posibilidades de una decisión más dura todavía: declarar desierto el proceso, colocando fin así a meses de una polémica que, incluso, amenaza con escalar a niveles diplomáticos, después de que el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, reconociera que recibió un llamado de la firma Aisino, en el que le transmitieron su molestia por la decisión. “Lo veo con preocupación”, dijo.
Fuentes de la industria explican que todos los caminos tienen sus costos. Desechar el actual concurso implicaría al menos un año más de trabajo para elaborar y aprobar nuevas bases, y contar con ofertas. Esto, además, con un daño importante en la imagen.
Persistir con la evaluación de las ofertas que siguen vigentes abre la puerta a una lucha sin cuartel en el Tribunal de Contratación Pública, donde ya hay al menos dos causas abiertas contra el Registro Civil.
La trama de la decisión
Así como lo fue hace 10 años, la licitación de cédulas y pasaportes, que involucra recursos por cientos de millones de dólares, prometía ser disputada. Hace cerca de dos años que se venía trabajando en el proceso donde, incluso, se llegó a decir que las bases estaban bajo “estándares OCDE”, aludiendo a la organización que reúne a 38 estados de la que Chile forma parte. El formato había generado inquietudes en la industria, dado que modificaba el sistema usado anteriormente.
En abril llegaron cinco ofertas con propuestas, elaboradas por distintos consorcios que integran empresas de ocho países. Tras esto, una Comisión Evaluadora tomó el control de revisarlas.
Según documentos disponibles en el proceso, esta instancia estuvo integrada por el Subdirector de Estudios Desarrollo (s), Enrique Sepúlveda; el profesional de la Subdirección de esta misma área, Gustavo Mery Prieto; el subdirector de Administración y Finanzas, Cosme Aranda; la profesional de la Subdirección Jurídica, Ximena Riesco; el profesional del Subdepartamento de Identificación, Ricardo Salgado; el profesional del ministerio de Hacienda, Cristóbal Carlos Enrique Peña; y el profesional y académico nombrado por Decreto del Subsecretario de Justicia, José Luis Lara.
Después de recibir las propuestas, comenzó un proceso de análisis de los aspectos técnicos, para luego pasar a los económicos, en julio. Así, con la china Aisino liderando, en octubre se decidió extender el plazo de evaluación, tras lo cual se anunció la adjudicación del contrato.
De ahí vino una trama que hasta ayer se mantenía desconocida. Entre el 25 y 29 de octubre, una delegación del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS) de Estados Unidos y del Departamento de Estado de dicho país concretaron una visita para evaluar la continuidad de Chile en el programa de Visa Waiver, que otorga facilidades para el ingreso de extranjeros a esa nación. Y pese a que la visita fue breve, los efectos calaron hondo.
Ahí entró a jugar su rol la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que tras una consulta, respondió en un oficio reservado que, según los antecedentes disponibles para esa fecha, existía “un alto grado de probabilidad de que se ponga término a la elegibilidad de Chile para el programa de Visa Waiver con Estados Unidos”.
El Registro Civil pidió algunos antecedentes adicionales, por ejemplo, que se describiera el contenido y alcance de la Ley de Seguridad de Datos aprobada hace unos meses en China, entre otras cosas. La respuesta no fue satisfactoria y el servicio anunció este lunes su decisión.
Esto no dejará tranquilos a los líderes de Aisino, firma que recurrirá a la justicia nacional e internacional para dar cuenta de “vicios en el proceso y presiones en la decisión informada por la autoridad”.
En una declaración, acusaron que “el consorcio fue foco de distintos ataques orquestados por otros oferentes y que contaron con la participación de parlamentarios y exautoridades que se prestaron para desinformar a la ciudadanía, defendiendo los intereses de grandes empresas en detrimento de los intereses de las personas”.
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