Si bien se presentó en julio del año pasado, posterior a las intoxicaciones en la zona de Quintero y Puchuncaví, ayer la comisión de Medio Ambiente del Senado inició el estudio del proyecto que busca exigir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a las iniciativas evaluadas o aprobadas con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental.
En concreto, la iniciativa- presentada por los senadores Isabel Allende, Alfonso De Urresti, Juan Ignacio Latorre, Ximena Órdenes y Yasna Provoste- busca hacer ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) los proyectos previos a 1997, año en que comenzó a regir el nuevo ordenamiento.
A pesar que los senadores se abrieron a realizar este debate con “altura de miras”, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brücher, mostró sus reparos. Fue enfático en que se reconoce la posibilidad de obligar al Estado a cumplir con su deber de preservar la naturaleza y que, al pretender que los proyectos o actividades previos al SEIA ingresen, se desconocen temas como que las leyes no pueden tener por regla general un efecto retroactivo. Salvo, dijo, casos excepcionales, los que no aplicarían.
Brücher sostuvo que existen normativas que permiten dar una protección íntegra. “No es que los parques industriales y, sobre todo aquellas empresas que no hayan ingresado al SEIA, estén dejadas a la buena de Dios, sin regulación. Está el tema de la calificación industrial que tiene que regir en los parques industriales, especialmente, en consideración a la normativa sanitaria y la ordenanza general de urbanismo y construcción”, dijo.
Tampoco, añadió, hay una exclusión de los proyectos pre 1997 que estén sin regulación y que no se puedan fiscalizar. “No existe un problema sistémico en estos proyectos que están fuera del SEIA”, recalcó, agregando que “sobre todo los grandes proyectos tienen normas de emisión y éstas son fiscalizables por la SMA”. Esto último, independiente si tienen o no RCA.
“El proyecto no aporta en materia de gestión ambiental en lo que a la mirada del SEIA se señala y finalmente no se considera los costos que esto tiene”, dijo. Y sentenció: “Si vamos a intervenir el SEIA, que sea con un adecuado análisis de costo y beneficio. No me refiero al costo que tiene sobre las empresas sino que a la aplicación del principio contaminador pagador”.
El debate
En la discusión, el senador Latorre explicó que “ir poniendo ciertos estándares básicos para el conjunto de las empresas es un debate que no podemos eludir”.
La senadora Allende defendió que el legislador tiene atribuciones para declarar que ciertas leyes son retroactivas. “No es que sea un principio absoluto, pero hay casos, lo vimos en los glaciares”, dijo.
El senador Rafael Prohens, recordó que se habló que Codelco estaba mirando Ventanas con la posibilidad de cierre, por lo que advirtió que “no vaya a ser cosa que este sea el motivo que le demos para que lo cierren”. “Hay que ver qué tiempo se le dará al sistema”, indicó, sugiriendo que se construya un calendario en esta materia.
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