Una verdadera batalla de derecho administrativo se libra en la causa que enfrenta a Andes Iron con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el proyecto Dominga ante el Primer Tribunal Ambiental (1TA). Así, en las últimas 24 horas, ocho escritos fueron ingresados, sumando un total de 17 tras la resolución del Comité de Ministros (CM) del 14 de enero pasado.
Ahora el debate se centra en la solicitud de la empresa de suspender los efectos de la resolución del Comité mientras dure el proceso de cumplimiento incidental de la sentencia del 9 de diciembre, que pidió la firma y que el 1TA acogió el 7 de enero. Y protagonistas y terceros coadyuvantes respaldan la solicitud o acusan su improcedencia.
La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, en representación del CM, sostuvo que la medida “debe ser rechazada”, argumentando que los requisitos para una cautelar no se cumplen, porque ya se dictó una sentencia definitiva favorable a la firma. Indicó que, a diferencia de lo que sostiene la empresa, “no existe un perjuicio irreparable ni peligro de retardo que justifique la suspensión”.
Además, insistió en que la resolución del CM “fue dictada en cumplimiento de la sentencia” dictada el 9 de diciembre por el 1TA.
Se sumó al SEA la ONG Oceana, que subrayó que el Tribunal “carece de competencias para acceder a lo solicitado” por la empresa, debido a que “no puede disponer medida cautelar antes de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia”.
En la otra vereda, Andes Iron defendió su solicitud acompañando un informe en derecho “sobre la buena fe en la Administración” de 36 páginas, elaborado por el abogado Javier Couso. El doctor en Derecho calificó como “un hecho inédito -desde el retorno a la democracia- que un ente integrado por seis ministros haya incumplido una orden judicial”.
La empresa acusó al SEA de “promover un loop interminable de judicializacón ambiental” y dijo que se trata de un “caso icónico”, no solo por la extensa tramitación, sino que “porque la Administración se ha mostrado contumaz en el incumplimiento de sus obligaciones”.
A favor de Andes Iron se sumaron escritos de sindicatos, organizaciones y asociaciones de La Higuera.
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