La Moneda ratificó su intención de aprobar, antes del 31 de enero, el proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel la colusión y que eleva considerablemente las multas a las empresas y ejecutivos que promuevan la fijación artificial de precios.
Tal y como ocurrió con el cartel del papel, el gobierno aprovechó un nuevo caso de colusión para reimpulsar su proyecto, texto que se ha empantanado en el Senado. La situación es similar, aunque en menor medida, a la ocurrida entre marzo -fecha en la que el gobierno presentó el proyecto “anti colusión”- y octubre -mes en que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a las papeleras CMPC y SCA-, período en el que la iniciativa de libre competencia registró escaso avance.
Ahora, el proyecto -calificado con suma urgencia en el Senado- espera el cierre del plazo de indicaciones, para retomar el debate en particular y volver a la Cámara de Diputados, para su tercer trámite legislativo. La intención del gobierno es aprobar la iniciativa durante enero, como lo resolvió, el pasado lunes, el comité de ministros, y lo ratificaron, ayer, los titulares de las carteras económicas.
Fue la propia presidenta Michelle Bachelet la que llamó al Congreso a agilizar el debate legislativo. “Aprovechar esta instancia para convocar a los parlamentarios de todos los sectores a aprobar esta ley, que busca que -cuando los casos lo ameritan- sancionar incluso con la cárcel este delito”, expresó la Mandataria.
En el oficialismo y la oposición existe consenso en torno al proyecto de ley del Ejecutivo. Sólo algunos reparos, relativos a las capacidades intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica, la delación compensada y la exclusiva atribución que tendrá la FNE para ejercer la acción penal, podrían demorar y extender la discusión.
No es lo que quiere el gobierno y así lo manifestó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien comprometió que “la votación seguirá con todas las urgencias que se requieran”.
El secretario de Estado descartó presentar indicaciones, defendiendo el texto propuesto. “Nos parece que es la institucionalidad adecuada, (aunque) podrán haber algunos ajustes en los márgenes”, señaló Céspedes, quien dijo que “es posible” patrocinar sugerencias de los parlamentarios.
Rechazo transversal
Fue unánime y enérgico el rechazo de La Moneda al nuevo caso de colusión. La Presidenta Bachelet señaló que el cartel que habrían promovido SMU, Cencosud y Walmart “afecta, por un lado, la confianza entre nosotros y, por otro, el presupuesto familiar. Nos parece inaceptable y condenable”.
El jefe del equipo económico, Rodrigo Valdés, criticó también la conducta anti competencia, señalando que es “muy negativa para la confianza y es otro golpe a la legitimidad del sistema”.
Protección de los consumidores
Valdés descartó agilizar el proyecto que fortalece la protección de los consumidores, iniciativa que, según varios legisladores, debería tener la misma premura que el texto de libre competencia.
“Cuando hicimos el calendario para enero, no nos daban los tiempos para sacar simultáneamente los proyectos que hemos priorizado”, manifestó el titular de Hacienda.
Valdés indicó que ese texto “va por su camino normal” y que el gobierno espera su aprobación para marzo.
Ministros responden críticas de Ibáñez
Un semblante de sorpresa se notó en el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al ser consultado por las declaraciones de Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (actual Walmart). En carta enviada a El Mercurio, el empresario calificó la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como un "intento de perseguir, desprestigiar y enlodar a las empresas de supermercados".
Las críticas se extendieron a La Moneda. "Es inaceptable el intento del gobierno, a través de esta maniobra mediática, de tratar una vez más de desprestigiar a los empresarios", expresó Ibáñez.
A juicio del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estas palabras "no tienen ningún fundamento". Misma opinión tuvo el titular de Interior, Jorge Burgos, quien invitó a Ibáñez a no realizar "adjetivaciones que no tienen justificación y anunciar persecuciones que no existen". "La institucionalidad funciona para todo el mundo", aseguró el jefe del gabinete.
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