Por A. Pozo y N. González
Una soterrada disputa está comenzando a gestarse entre la industria de alimentos y el gobierno. ¿El motivo? Una interpretación de la Ley de Etiquetado de Alimentos que empezó a funcionar a fines de junio.
Esto, por un reciente cambio en una guía de fiscalización para evaluar el cumplimiento de la normativa, específicamente por temas publicitarios.
En la primera versión de ese documento se establece entre las consideraciones para determinar si se está incumpliendo la ley, si la imagen de un producto es parte de su marca inscrita. Y hace una distinción entre “los conceptos de uso marcario y uso publicitario”, de las imágenes de los productos, donde ésta última tiene por objetivo “promover consumo”.
En la nueva versión de esta guía, estas distinciones no están, porque se considera que la existencia de un registro de la marca no implica que se está cumpliendo la ley. En otras palabras: ya no importa que un diseño de una marca esté inscrito para determinar la sanción.
“Vemos con preocupación que las directrices y formas de fiscalización del Ministerio de Salud se están volviendo cada vez más subjetivas y arbitrarias. La industria de alimentos ha hecho grandes esfuerzos para ajustar sus envases y publicidad a las nuevas exigencias, pero vemos que el ministerio está corriendo cada vez más el límite de lo legalmente aceptable”, dijeron desde AB Chile, gremio presidido por Rodrigo Álvarez.
El caso ícono de esta batalla será el de Nestlé y Zucaritas de Kellogg’s, contra quienes se abrieron procesos cuyas sanciones deberían conocerse en las próximas semanas, dicen en la industria. Si son sancionados -que es probable que ocurra- el camino, dado que sus marcas están inscritas, sería ir a la justicia.
Lo que agravaría esta disputa es que comiencen a surgir sanciones a raíz de productos comercializados en festividades, como huevos y otros chocolates para Navidad o Semana Santa. Esto, porque se están viendo cada vez más inscripciones ante INAPI con diseños de envases que incluyen a los huevos de pascua o el viejo pascuero, como ya lo han hecho Arcor y Ambrosoli.
Consultada por estos casos, la ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que “contraviene la ley porque es un tema de publicidad y no marca”, tras participar en el XX Encuentro Nacional de la Salud.
Agregó que “por ley tenemos que denunciarlo”, porque “dado que la ley ya está vigente, no corresponde”.
Propiedad industrial
“La industria de alimentos requiere normas claras, transparentes y objetivas para trabajar. No es posible que cada vez se esté interpretando de una manera diferente, y más extrema, lo que la autoridad entiende por derecho de propiedad intelectual. Un derecho, por lo demás, protegido en la Constitución y que en la tramitación del reglamento del etiquetado siempre se anunció reconocer”, dicen en AB Chile.
Loreto Bresky, socia de Alessandri Abogados, explicó que “alguna de las marcas cuestionadas tienen diseños que han sido utilizados por muchos años, son notorias y famosas, los consumidores tienen una asociación directa de esa imagen con el producto. Esas imágenes cuentan con marcas no sólo registradas en Chile, sino que a nivel mundial. Esas imágenes en los empaques no son ‘publicidad dirigida a menores de 14 años’, es la identificación de ese producto, con un determinado origen y calidad, esa información es útil para los consumidores”.
Respecto del cambio al momento de fiscalizar, Luis Felipe Opazo, de Silva & Cía., señala que “es bien preocupante, la nueva directriz casi ni menciona las marcas comerciales, generándose un claro cambio interpretativo respecto de la anterior por su nivel de reconocimiento y protección. En base a esto, el fiscalizador, al momento de fundamentar un sumario sanitario, podrá considerar como publicidad una marca comercial debidamente registrada”.
Todo esto augura que habrá una fuerte contienda en tribunales, porque ya no bastará que una empresa inscriba sus marcas para no ser sancionada. Además, dicen varias fuentes consultadas, la idea apuntaría a restringir de alguna manera el uso de determinados colores o tonalidades, incluso estilos de papel -evitando aquellos brillantes-, que puedan ser per se atractivos para menores de 14 años, que es el grupo que busca proteger la legislación. El problema es que sobre este punto no existe documento formal, sino que apunta a la fiscalización en terreno.
“Dejar las interpretaciones a la voluntad de fiscalizadores que no están además capacitados en temas de derechos de autor y derecho del consumidor genera una enorme incertidumbre que termina perjudicando a productores, comercializadores y consumidores”, dicen en AB Chile.
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