La denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las principales cadenas de supermercados del país volvió a instalar el debate: ¿son legales las listas de precios sugeridas por los proveedores a minoristas?
La FNE denunció ante el Tribunal de la Competencia a Cencosud (Jumbo, Santa Isabel), Walmart (Líder, Ekono) y SMU (Unimarc) de coordinarse entre 2008 y 2011 -a través de los productores de pollos- para fijar precios mínimos de venta al público.
Según la fiscalía, los tres principales productores de pollo (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) fijaban un precio de lista mayorista único, que sumado al IVA, funcionaba como precio mínimo de venta para los supermercados.
Ya en enero de 1978, la Comisión Preventiva (antecesora del Tribunal de Defensa de la Competencia) prohibió a la empresa de cosméticos Avon sugerir un precio de venta.
Ante una consulta de la empresa, ésta transparentó que a las vendedoras de sus productos, que lo hacían directamente a público, les sugería los precios de venta de los mismos con la finalidad de facilitar el cálculo del pago del IVA. Ante ello, la comisión ordenó a Avon modificar su sistema de comercialización, estableciendo que: “Toda sugerencia o recomendación de precio al público hecha por el productor o proveedor al comerciante que compra sus bienes, para revenderlos, es objetiva y formalmente contraria a las normas sobre libre competencia (…), aun cuando los propósitos perseguidos por quien formula la injerencia no contemplen la uniformidad en los precios”.
Idéntico criterio aplicó la Comisión Resolutiva al año siguiente, que incluyó una multa, ante la denuncia de un distribuidor de cosméticos de la marca Revlon, que acusó a la distribuidora mayorista Ancom, de sugerirle precios de venta al público: “Según reiteradamente ha establecido esta comisión y constituye un principio en materia de defensa de la competencia, es ilícita toda maniobra o conducta que tiende a fijar los precios de reventa”.
Ya en el año 2001, la autoridad obligó a las empresas de comida para mascotas Pet Market y IAMS Eukanuba dejar de sugerir precios a los minoristas.
No obstante, en el año 2011, a raíz de una investigación que inició la FNE tras una denuncia por una supuesta fijación de precios mínimos de reventa efectuada por Royal Canin Chile, la fiscalía sostuvo que esta práctica de por si no es contraria a la libre competencia.
“La simple sugerencia de precios efectuada por un proveedor a sus distribuidores, en opinión de esta fiscalía y en términos generales, no resulta en principio contraria a la libre competencia”, dice el documento firmado por el fiscal Felipe Irarrázabal, quien aún se mantiene a la cabeza del organismo.
El fiscal aclaró, en todo caso, que cuando la sugerencia de precios va acompañada de incentivos o presiones a los proveedores, distribuidores o a cualquier otra parte, destinados a obtener el acatamiento efectivo de los mismos, deviene en una fijación de precios de reventa, modalidad de acuerdo vertical que si resulta, a juicio de la fiscalía, una restricción a la competencia, a menos que se pruebe que las eficiencias que la motivan no pueden obtenerse por otras vías.
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