Nuevamente, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tuvo que pasar su día en el Congreso con el fin de sacar adelante las medidas de emergencia que presentó para dar algo de oxígeno a las isapres que, tras implementar el fallo de la Corte Suprema que anuló las alzas realizadas por concepto de Garantías Explícitas en Salud (GES), verán caer en promedio un 12% sus ingresos a partir de enero.
Esta vez, eso sí, el Gobierno tuvo mayor éxito y, recogiendo algunas indicaciones de los parlamentarios, pudo aprobar las medidas en la Comisión de Hacienda de la Cámara y despacharlas a la votación en Sala.
Para ello, la ministra tuvo que realizar una serie de compromisos ante los diputados: no solo anunció que se le daría discusión inmediata a la ley corta de isapres, sino que, además, reveló un protocolo de acuerdo para gestionar la crisis.
En dicho protocolo, además, se revelan los lineamientos de una reforma a la salud que, como había adelantado DF, apunta a un sistema privado con ingredientes de seguridad social.
Reforma a la salud
El documento presentado por el Gobierno, y aprobado por la Comisión de Hacienda, tiene cuatro pilares.
Primero, aprobar la ley corta en el Congreso a más tardar en abril, para cumplir los plazos establecidos por la Corte Suprema. Junto con ello, esto implica fortalecer Fonasa (incluyendo continuidad de tratamientos y coberturas adicionales en caso de insolvencia de una isapre); obligación para las aseguradoras de presentar un plan de pago y ajustes, junto con una propuesta de reducción de costos y de un alza extraordinaria del precio base; y dotar a la Superintendencia de Salud de las facultades para cumplir con el fallo. Asimismo, se reitera que mientras paguen la deuda -del fallo por tabla de factores-, las isapres no podrán repartir utilidades.
Segundo, el Gobierno se compromete a “avanzar en el diseño hacia una reforma de la seguridad social en salud”, que se haría en un proceso “deliberativo y participativo” con todos los actores del sector.
En ese punto, se recogen propuestas como la eliminación de preexistencias y declaración de salud para afiliarse a una isapre, pero además, “se definirán reglas e incentivos que permitan la transición voluntaria de las isapres a seguros complementarios de salud para las personas de Fonasa”.
“Los proyectos asociados a la reforma se comprometerán mediante un artículo transitorio en la ley corta, que fijará como plazo de ingresos de estos a más tardar marzo de 2025”, dice el protocolo.
Tercero, el Ejecutivo propone fortalecer la institucionalidad del Subsidio de Incapacidad Laboral.
Una isapre caída en febrero
El cuarto punto del protocolo son justamente las indicaciones que el Gobierno ingresó específicamente para abordar los efectos del fallo GES: adelantar la recaudación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), para que las isapres puedan subir los planes en abril en vez de junio; y que las compañías incorporen una tarifa para financiar la cobertura de las cargas de menores de dos años, que ahora deberán estar incluidas en la cobertura GES.
El Ejecutivo incluyó estas indicaciones en el capítulo misceláneo de la Ley de reajuste del sector público, lo que causó molestias entre los diputados, que además mostraron rechazo a las medidas por considerarlas como un salvataje a las aseguradoras.
Junto a Ximena Aguilera, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, también estuvieron en el Congreso explicando la urgencia de las medidas, señalando que la insolvencia de alguna repercutiría en una crisis para todos los afiliados y el resto del sistema de salud.
Fue Torres quien dio la alerta más drástica. De no tomar medidas, dijo, “tendríamos incumplimiento de indicadores (de liquidez o patrimonio) a partir de febrero”. En ese sentido, advirtió que ese mes “la primera podría caer” y que “así sucesivamente irían una a una incumpliendo”.
Medidas aprobadas
Para poder despachar a Sala las medidas de emergencia, fue crucial la presentación del protocolo, pero además el Gobierno tuvo que recoger algunas modificaciones presentadas por parlamentarios, particularmente por el diputado radical, Tomás Lagomarsino, y el demócrata cristiano, Eric Aedo.
Las ideas de ambos fueron refundidas junto al proyecto del Gobierno.
En el caso de Lagomarsino, el diputado pidió explicitar que, para realizar las alzas por ICSA, las isapres deberán verificar sus costos, algo que fue planteado en el fallo de la Suprema por precio base. Además, la Superintendencia también deberá verificar que el alza para cubrir las cargas menores de dos años, que se mutualizará entre todos los afiliados, está exclusivamente enfocada en cubrir aquello. Se excluirá a los mayores de 65 años de esa mutualización.
Por otro lado, como contrapeso al adelantamiento del ICSA este año, Aedo planteó que, en 2025, este ajuste se retrase a septiembre.
Por último, también se aprobó una indicación de la diputada Ana María Gazmuri (PH), mediante la cual las isapres deberán informar a la Superintendencia el monto de capital que incorporarán para pagar las deudas con sus afiliados.
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