Sernac: Ripley, Cruz Verde y Cencosud arriesgan millonarias multas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), denunció ante la justicia a las empresas Cencosud, Ripley y Farmacias Cruz Verde, acusándolas de "no entregar" la información que permita comprobar la veracidad de las promesas publicitarias de las pulseras "iónicas" que ofrecen una serie de efectos positivos para la salud.

A principios de noviembre, Sernac exigió a estas compañías antecedentes que avalaran con criterios científicos los supuestos "efectos" en la salud por el uso de la pulsera, no obstante, ninguna entregó pruebas que comprobaran la promesa publicitaria.

Las pulseras, que se venden en París como "Biolectik", en Ripley como "Vitazen" y en Cruz Verde como "pulsera iónica", tienen un precio cercano a los $ 10.000 y prometen en su publicidad una serie de beneficios como mayor vitalidad, energía, resistencia, equilibrio e incluso dilatar los vasos sanguíneos, estabilizar la presión, fortificar los huesos, equilibrar el apetito, reducir el estrés y disminuir el tiempo de recuperación después de un esfuerzo físico. Para probar estos beneficios, se dan a conocer una serie de testimonios de deportistas o actores.

En el caso de la pulsera Biolectik incluso la letra chica señala que los efectos variarán de acuerdo al "campo biomagnético" de cada persona, por lo que aunque fueran comprobables los beneficios, no serían para todos igual, pero se induce a engaño a los consumidores al no informarlo claramente.

Frente a esta situación, la entidad informó, a través de un comunicado de prensa, que consultó con el Ministerio de Salud, quien confirmó que la pulsera Biolectik "se anuncia como un producto de utilidad médica sin tener autorización o reconocimiento como tal".

Respecto de otros tipos de pulseras, informó que no se encontraron pruebas que avalen promesas como "potencia tu bienestar, siéntete mejor y busca el equilibrio" o "vitalidad, energía, resistencia, flexibilidad, equilibrio".

Tras la acción judicial, las empresas arriesgan multas que llegan hasta las 750 UTM (cerca de $ 28 millones) y el juez podrá determinar la suspensión de las emisiones publicitarias cuando la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados lo ameriten.

Podrá asimismo, exigir al anunciante que, a su propia costa, realice la publicidad correctiva que resulte apropiada para enmendar errores o falsedades.