Una serie de interpretaciones surgieron en torno a una de las glosas del presupuesto que afecta al Ministerio de Agricultura, después que el proyecto fuera aprobado por completo en el Congreso el 26 de noviembre.
Esto, por los alcances que tendría una partida que permite a quienes desean construir embalses u obras de riego, a postular a fondos públicos de la Comisión Nacional de Riego (CNR) sin contar con su permiso ambiental.
La primera alerta la levantó la Fundación Terram el 27 de noviembre con una declaración pública, donde decía que esa indicación del Ejecutivo “elimina la evaluación ambiental para proyectos de embalses entre 50 y 300 mil metros cúbicos”.
El 1 de diciembre, un grupo de 41 diputados -principalmente de oposición-, acudió al Tribunal Constitucional pidiendo la inconstitucionalidad del texto aludido, lo que fue declarado admisible este lunes.
En concreto, una de las glosas de la partida 13 del presupuesto del Ministerio de Agricultura, señala que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley N° 18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que éstos deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
La segunda parte de la glosa agrega que “los proyectos que no postulen a los concursos de CNR, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”.
Aunque el Ministerio de Medio Ambiente salió también el 27 de noviembre a aclarar la situación en redes sociales, las dudas -en especial por la segunda parte de la glosa- no se han terminado. La indicación “no elimina la evaluación ambiental de estas obras en el país (...) esa obligación se mantiene inalterable”, dijo el ministerio, tras lo cual agregó que “esta indicación sólo establece una exención para postular a financiamiento, pero para su construcción se requerirá siempre de los permisos”.
Además, el ministerio le solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que genere un instructivo aclaratorio sobre este punto, lo que ya se concretó.
También la Comisión Nacional de Riego señaló en un comunicado que este tipo de obras son aprobados por la Dirección General de Aguas, por lo que “no se trata de grandes obras de riego, sino que de tranques intraprediales de tamaño muy común en la agricultura chilena, que en general se encuentran lejos de zonas pobladas, en áreas que ya tienen uso agrícola”.
En 2019, la CNR ha bonificado 1.322 proyectos de este tipo, con $ 54.978 millones. Y llamados a concurso de cara a 2020, ya tiene aprobados $ 76.257 millones.
Las dudas de los diputados
Los cuestionamientos de los parlamentarios continúan y en el escrito acusan falta de precisión y dobles interpretaciones frente a la glosa.
En especial respecto a la segunda parte, que aborda la exención a proyectos que no postulen a los concursos de la CNR. “Esa exención entonces, no puede estar en el marco de la ley 18.450, quedando, por lo tanto, evidenciado que la exención que se pretende es respecto del SEIA y expansiva a todos los embalses de entre 50 mil y 300 mil metros cúbicos”, dice el documento.
El diputado de Convergencia Social (CS) y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Diego Ibáñez, dijo que “las interpretaciones que el gobierno ha dado no quedan claras, ya que básicamente indican que esto va en beneficio de la pequeña agricultura y que no implica evadir la evaluación ambiental. Esperamos que ante el TC puedan exponer de manera clara y transparente sus argumentos para que sean evaluados, pero a nosotros nos parecen insuficientes”.
Además dijo que “la actividad agrícola cuenta con una débil regulación ambiental respecto a su consumo de agua” y que deberían plantearse soluciones de fondo a la escasez hídrica y no medidas en una ley de presupuestos que se extiende por un año.
Algo similar a lo que había planteado ya Fundación Terram, que había dicho que “los esfuerzos que hace el Estado no son suficientes, ya que estos debiesen centrarse en modificaciones regulatorias y de gestión que aseguren el acceso al agua como un derecho humano, establezcan prioridades de uso y definan a la sequía como un tema estructural y no extraordinario”.
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