Eduardo Cunha, el polémico jefe de la Cámara baja de Brasil que dio inicio al juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, renunció hoy a su cargo pero no a su escaño, con lo que puede mantener su influencia en el Parlamento.
Suspendido de sus funciones como diputado y de la presidencia de la Cámara baja por una decisión dictada en mayo pasado por la Corte Suprema, que le juzga por supuesta corrupción, Cunha claudicó ante las presiones de todo el arco político y anunció hoy su dimisión.
Aclaró, sin embargo, que deja la presidencia de la Cámara baja pero no su escaño, que se propone "defender" ante una comisión de diputados que también lo procesa por supuesta corrupción.
Cunha es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente interino, Michel Temer, quien sustituye desde el pasado 12 de mayo a Rousseff, suspendida de sus funciones para responder a un juicio de destitución.
Pese a su cercanía con Temer y a su extraordinaria influencia en el Congreso, Cunha se convirtió en un personaje incómodo para el Gobierno interino, sobre todo por los fuertes indicios de que fue uno de los beneficiados de la corrupción en la estatal Petrobras.
Rousseff afirma que Cunha fue la "herramienta" de la que se valió Temer para poner en marcha el proceso que la puede sacar de la Presidencia, el cual fue aceptado a trámite por ese polémico diputado en su condición de presidente de la Cámara baja.
Al anunciar su renuncia, Cunha no escondió su "orgullo" por haber "contribuido" a "librar" al país de "un Gobierno criminal" que "hundió en el caos a la sociedad brasileña" y tampoco ocultó su simpatía por Temer, a quien deseó "el mayor éxito" en el Gobierno que mantendrá en su poder si Rousseff finalmente es destituida.
De hecho, arguyó que su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados, pedida hasta por el PMDB y casi toda la sociedad, obedece a la "necesidad" de que el Congreso recupere la "estabilidad" y vuelva a funcionar con "normalidad".
Desde que Cunha fue suspendido de sus funciones por el Supremo, la Cámara de Diputados es presidida en forma interina por Waldir Maranhao, un polémico legislador rechazado por la enorme mayoría de los parlamentarios.
Maranhao casi no ha presidido una sesión de la cámara desde mayo pasado, debido a que cada aparición suya en el pleno fue seguida de protestas de diputados que exigían desde una nueva elección para la presidencia del organismo legislativo hasta la vuelta de Cunha, lo que revela la influencia de este legislador de talante conservador.
Al conservar su escaño, que aún puede perder en un proceso al que responde en el Consejo de Ética del Congreso, Cunha mantendrá también algo de esa influencia, que según analistas podría utilizar tanto en su propia defensa como en favor del Gobierno interino de Temer.
La dimisión de Cunha también abre un proceso de elecciones en la Cámara de Diputados que será crucial para Temer, quien en caso de conservar la Presidencia del país con una eventual destitución de Rousseff, necesitará apoyo del Congreso para una serie de reformas que planea para la economía.
Desde que sustituyó a Rousseff, Temer ha tenido un claro apoyo en la Cámara de Diputados, que le dio luz verde al proceso contra la mandataria con 367 votos de los 513 posibles y contribuyó a llevarlo al poder, de momento en forma interina.
Temer presume de haber recuperado la "armonía" entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que podría fortalecerse aún más si el Gobierno interino mantiene en la presidencia de la Cámara baja a una de sus piezas.
Según el reglamento de la Cámara de Diputados, en caso de una vacante en la presidencia, la nueva elección debe celebrarse en un plazo de cinco sesiones ordinarias, lo que llevaría a que el proceso concluya dentro de unas dos semanas.
Quien sea escogido para ocupar la vacante de Cunha estará en el cargo hasta febrero próximo, cuando concluye su mandato y deberá ser elegido un nuevo presidente de la Cámara baja.
Ese período, aunque corto, será clave para darle curso a reformas que planteará Temer en caso de conservar el poder, algunas de ellas polémicas y que afectarían el régimen de jubilaciones o abrirían una nueva ola de privatizaciones
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