La
Comisión Europea (CE) lanzará el próximo jueves una consulta pública a
los distintos actores económicos para encontrar soluciones a la
proliferación de productos financieros peligrosos que conlleven la caída
de los grandes bancos y la correlativa asistencia económica con dinero
público.
La consulta previa a la futura propuesta de la CE
maneja como una de las posibilidades que los reguladores tengan mayor
poder sobre las entidades sistemáticas a la hora de bloquear productos
que supongan riesgos exacerbados para las entidades de gran magnitud.
Bruselas pondrá
sobre la mesa todo tipo de herramientas que van desde las medidas
preventivas para minimizar los riesgos de insolvencia, hasta la
intervención temprana y, en último caso, una quiebra ordenada.
En el capítulo de la prevención, no se descarta obligar a las entidades
a que preparen planes de quiebra, conocidos como testamentos, que
establezcan cómo actuar en momentos de turbulencias o incluso
insolvencia.
En la parte de la intervención temprana, Bruselas
propondrá que los reguladores puedan prohibir el pago de dividendos,
obligar a reemplazar a los directivos o a deshacerse de una determinada
línea de negocio considerada de riesgo.
Estas iniciativas
están inspiradas en muchas de las soluciones que ya han sido aplicadas
durante la crisis, pero la Comisión desea un marco común, dado el
carácter trasnacional de muchas entidades.
Por ello, la
Comisión también planteará la creación de colegios de liquidación en los
que estarán representados los países afectados y que servirán para
liquidar una entidad insolvente.
La futura autoridad europea
encargada de supervisar al sector bancario, que entrará en vigor en
2011, también podría jugar un papel de coordinación.
Para
financiar las bancarrotas y no tener que acudir al dinero público, la
Comisión ya propuso anteriormente la creación de un impuesto sobre las
actividades bancarias (fundamentalmente sobre el pasivo) en cada país,
cuya recaudación alimentaría fondos de resolución de crisis nacionales.
El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, prepara
un conjunto de medidas para reformar el sistema financiero de los
bancos, cuyo rescate representó un gasto el año pasado el 13% del PIB.
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