La decisión del gobierno venezolano de declarar estado de emergencia a lo largo de una parte de la frontera con Colombia el 21 de agosto fue ostensiblemente motivada por la intención de fomentar las tensiones en la política exterior antes de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, una estrategia que ha aumentado el apoyo para el gobierno en campañas electorales anteriores. Sin embargo, el estado de emergencia va a tener repercusiones sobre la capacidad de los candidatos de hacer campaña y de los observadores electorales para desempeñar sus funciones, debido a las restricciones a la libertad de desplazamiento. Esto incrementa los riesgos de que los resultados sean impugnados y de descontento social después de los comicios.
El presidente Nicolás Maduro anunció el cierre durante tres días de la frontera con Colombia el 19 de agosto luego de que tres soldados venezolanos fueran atacados cerca del límite entre ambos países mientras patrullaban en busca de contrabandistas, una acción que el gobierno atribuyó a los paramilitares colombianos. El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas oportunidades que los paramilitares colombianos están trabajando en estrecha colaboración con segmentos de la oposición en Venezuela para desestabilizar al país en un esfuerzo para derrocar a la administración de Maduro.
Restricciones constitucionales
Dos días después, el 21 de agosto, Maduro declaró el estado de emergencia en cinco municipalidades de regiones fronterizas con el objetivo de "restablecer la paz y el orden" en esas localidades. El mandatario fue aún más lejos al señalar que la frontera con Colombia se mantendría cerrada en forma indefinida. El estado de emergencia se mantendrá en vigencia muy probablemente durante 120 días y considera la suspensión temporal de diversos artículos de la constitución, incluyendo la libertad de desplazamiento, reunión y asociación (lo que tendrá un impacto sobre las manifestaciones y las protestas).
Esto significa que probablemente las elecciones parlamentarias, programadas para el 6 de diciembre, se van a tener que desarrollar bajo estas restricciones. No está claro todavía cómo se va a desarrollar entonces el proceso electoral en estas regiones, considerando que el estado de emergencia va a limitar los derechos constitucionales básicos, pero es probable que algunos de los candidatos no estarán en condiciones de realizar una campaña electoral normal, y la observación del proceso podría ser compleja debido a las restricciones al desplazamiento. La cobertura de los medios, por otra parte, antes y después de las votaciones, también podría resultar afectada. Si los resultados son estrechos o son disputados (las áreas involucradas corresponden precisamente a bastiones de la oposición), entonces esto va a incrementar los riesgos de protestas y descontento social.
Posibilidad de suspensión
La oposición ha cuestionado duramente las recientes decisiones anunciadas por el gobierno. El secretario general de la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Chuo Torrealba, afirmó que el estado de emergencia había sido planificado con la intención de hacer que el proceso electoral fuera inviable, despertando temores entre los grupos opositores de que el gobierno pueda recurrir a este argumento como un pretexto para cancelar o postergar los comicios. Mientras tanto, grupos opositores y agrupaciones de derechos humanos han expresado su preocupación acerca de la posibilidad de que se cometan violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia, mientras que otras entidades han manifestado sus temores de que la medida implementada por la actual administración vaya a exacerbar la xenofobia y la discriminación en contra de los ciudadanos colombianos, la mayor comunidad de inmigrantes que existe actualmente en el país.
La decisión de inflamar las tensiones en el ámbito de la política internacional venezolana en el apronte para las elecciones legislativas no es sorprendente, ya que el predecesor de Maduro, el presidente Hugo Chávez (1999-2013), frecuentemente recurría a estas estrategias para avivar los sentimientos nacionalistas e incrementar su popularidad antes de una elección, con cierto éxito. Sin embargo, no está claro si la estratagema va a rendir los mismos frutos en esta ocasión; prácticamente todas las encuestas nacionales apuntan a que el gobierno de Maduro probablemente va a conseguir menor respaldo en las urnas que la coalición de la MUD. Los sondeos sugieren que las manipulaciones políticas y electorales en favor de los candidatos del gobierno no han sido capaces de contrarrestar el descontento por los problemas sociales y económicos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos en Venezuela. El reciente colapso en los precios internacionales del petróleo, que representan el principal producto de exportación de Venezuela, por debajo del nivel de US$ 40 por barril está agravando una situación económica que ya de por sí era antes altamente complicada e impidiendo el tradicional y fuerte incremento en el gasto público del gobierno antes de las elecciones para conseguir mayor respaldo.
Ante la perspectiva de que los precios de los hidrocarburos muy probablemente se van a mantener bajos en el mediano plazo, el gobierno va a tener dificultades para atraer nuevas inversiones a la Franja del Orinoco, la región donde subyace uno de los mayores depósitos de petróleo no explotado a nivel mundial. Las tensiones con la vecina Colombia van a perjudicar aún más el comercio bilateral y agravar la escasez de alimentos y productos de consumo básicos en Venezuela. Aunque la Economist Intelligence Unit continúa pensando que las elecciones finalmente sí se van a celebrar tal como están programadas, si el gobierno decidiera aplazarlas o cancelarlas, es probable que se alzara una ola de descontento social, lo que podría ser desestabilizador para el ya muy desacreditado gobierno de Nicolás Maduro.
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