La Alianza Nacional unicameral de Ecuador, controlada por el gobernante Alianza País, aprobó una nueva ley de telecomunicaciones el 17 de diciembre que fortalece el control estatal sobre el sector de telecomunicaciones, pero podría actuar como disuasivo de nuevas inversiones al imponer condiciones operativas y obligaciones fiscales más duras.
El proyecto se envió en abril de 2011 por el presidente de izquierda Rafael Correa. Entre los principales cambios, la legislación aprobada crea una nueva agencia reguladora, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que reemplazará a la existente Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador (Supertel), el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, colocando los poderes regulatorios bajo una autoridad central.
Más ganancias para el Estado
El proyecto también establece obligaciones fiscales más altas a las empresas con mayor participación de mercado, presumiblemente en una apuesta por promover la competencia. El presidente ha advertido regularmente que el gobierno no está feliz con lo que considera que son ganancias excesivas del sector.
En junio Correa afirmó que las autoridades estaban examinando la rentabilidad sobre el promedio de los dos operadores móviles extranjeros -Claro-Conecel (propiedad de la mexicana América Móvil) y Movistar (propiedad de la española Telefónica)- antes de las negociaciones por los servicios inalámbricos de Cuarta Generación (4G-LTE).
En julio el gobierno propuso que la nueva legislación obligue a las empresas de telecomunicaciones y transmisión privadas a dirigir una proporción mayoritaria del 15% obligatorio de ganancias corporativas que deben apartar legalmente para los empleados en Ecuador hacia las arcas estatales. Esto fue creado para extender las ganancias de las firmas de telecomunicaciones de forma más equitativa entre los trabajadores del país. Correa argumenta que el espectro radioeléctrico es propiedad nacional y, como tal, debe generar riqueza para todos los ciudadanos.
Rechazo de trabajadores
La reforma habría obligado a las empresas privadas con espectro radioeléctrico operando concesiones -los dos operadores móviles, más las estaciones de televisión y radio privadas- a entregar un 3% de las ganancias anuales a los empleados, con un 12% yendo al Estado. Cerca de 5 mil trabajadores arriesgaban ver cómo sus bonos anuales (un total de US$ 129 millones) se reducían en 80% por la propuesta.
Los críticos lo calificaron como una apropiación de los bonos de los trabajadores en momentos en que caen los precios del petróleo. Los trabajadores de los sectores de telecomunicación y medios de comunicación se unieron a masivas protestas en contra del gobierno en septiembre, obligando al presidente a echar pie atrás.
Posteriormente, los legisladores elaboraron una propuesta alternativa, donde en cambio se aplicaría un cobro a las empresas de telecomunicaciones, que se pagaría trimestralmente al Estado, por el uso del espectro radioeléctrico, dejando sin tocar los bonos a los trabajadores.
Bajo el nuevo marco propuesto, las compañías tendrán que pagar entre 1% y 9% de sus ventas totales, dependiendo de su participación de mercado. Por lo tanto, Claro, con un 68% y considerada como la compañía "dominante" por el regulador antimonopolio, deberá pagar un 7%, estimado en cerca de US$ 115 millones anualmente, empequeñeciendo el cobro a Movistar (con sólo un 29% del mercado) y la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que tiene un 3%. En el segmento de televisión por cable, DirecTV, que tiene una participación cercana a 35%, espera que sus retornos caigan cerca de 25% bajo las nuevas reglas.
Inversiones futuras
Claro anunció que apelará al nuevo cobro por uso, que considera un impuesto punitivo. El operador podría argumentar que la propuesta afecta las reglas acordadas en 2008, cuando se extendieron los contratos de concesión móvil por quince años. El regulador antimonopolio aún no se ha referido al tema. Por lo tanto, la nueva regulación podría pesar en las negociaciones actuales por el 4G con los dos principales operadores. Estas conversaciones, que comenzaron en junio, debían finalizar a fin de año, pero no hay señales de un anuncio. Ecuador es el único país de Sudamérica sin tecnología 4G.
Además, el nuevo marco podría dañar los esfuerzos del gobierno de atraer operadores móviles de redes virtuales a Ecuador. Al final, la ley podría sumar más complicaciones al sector de las que intenta resolver.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
