Un tribunal en Argentina dictaminó el 21 de septiembre que las elecciones para gobernador en la provincia de Tucumán no tendrán que ser repetidas, debido a que las irregularidades denunciadas no constituían fraude. Sin embargo, el escándalo provocado ha puesto a todo el sistema electoral de Argentina bajo escrutinio justo antes de las elecciones presidenciales del 25 de octubre y ha destacado las debilidades de su democracia, incluyendo una tendencia generalizada a recurrir a prácticas clientelistas.
La Corte Suprema de Tucumán descartó que sea necesario un recuento de votos en la elección de gobernador del 23 de agosto, donde se impuso Juan Manzur, del Frente para la Victoria (FV, una facción del gobernante Partido Peronista). Al hacerlo, revocó la decisión de un tribunal inferior de anular el resultado y pedir nuevas elecciones debido a la evidencia de irregularidades graves. Éstas incluyeron la quema de urnas, acusaciones de fraude electoral y revelaciones de clientelismo, todos en favor del FV.
El máximo tribunal no negó la existencia de prácticas clientelistas, como los denominados "punteros", que regalan productos para inclinar la opinión de los votantes, pero dijo que en última instancia esto no afectó la imparcialidad del proceso.
Manzur se impuso en el recuento el 14 de septiembre con 52% de los votos, casi doce puntos más que José Cano, el candidato del Acuerdo para el Bicentenario, una coalición de los principales partidos de la oposición (Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, Pro y Frente Renovador).
Surgen cuestionamientos
La sentencia no ha disipado las tensiones. Cano dijo que su coalición llevará ahora el caso a la Corte Suprema Federal, aunque su apelación probablemente será rechazada. En términos más amplios, el fallo ha provocado tensión sobre la imparcialidad y la legitimidad del sistema electoral, incluso si ha sido impulsada al menos en parte como una estrategia de la oposición para tratar de invalidar una probable victoria el próximo mes de Daniel Scioli, candidato presidencial del FV. La resolución también ha puesto la atención sobre los elementos problemáticos de la democracia en Argentina, incluyendo los obsoletos procesos electorales de algunas provincias, la presión política sobre jueces y fiscales, y el recurso al clientelismo, principalmente por parte de los peronistas, en el empobrecido norte del país. También subrayó el clima político tenso, destacando la posibilidad de disturbios en torno a las elecciones de octubre.
Muchos políticos piden una reforma al sistema electoral, incluyendo un sistema de votaciones electrónicas.
Presiones políticas
El caso de Tucumán puso de manifiesto las presiones políticas bajo las que trabajan jueces y fiscales. La decisión de esta semana fue tomada después de que la presidenta Cristina Fernández y el gobernador FV saliente de Tucumán, Jorge Alperovich, criticaran ferozmente la decisión anterior de anular la elección. Alperovich, quien ha estado en el cargo desde 2003, es ampliamente percibido como un caudillo que mantiene el control de la Corte Suprema provincial.
Los reclamos de irregularidades en otras elecciones este año, incluyendo acusaciones por parte del Pro de que los partidarios del FV robaron sus papeletas de votación en las primarias de agosto, se han sumado al clima de tensión, aunque también apuntan a una estrategia más amplia del Pro de tratar de deslegitimar una eventual victoria presidencial del FV.
Supervisores que trabajan como voluntarios para los partidos en los colegios electorales pueden limitar estos abusos, pero la enorme estructura de apoyo del FV puede desplegar sus voluntarios más ampliamente y en mayor número que los partidos más pequeños, como el Pro.
Mauricio Macri, el líder del Pro y alcalde saliente de la ciudad de Buenos Aires, ha hecho de la reforma de las instituciones la piedra angular de su programa electoral. Pero el gobierno de su ciudad se ha visto empañado por las recientes acusaciones de amiguismo en acuerdos de negocios, lo que demuestra las dificultades de ir más allá de un sistema político clientelista.
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