Recientes encuestas de opinión, incluyendo dos realizadas por Gallup e Ipsos, muestran un continuo rechazo a las políticas de la administración del presidente Juan Manuel Santos. También revelan una creciente desconfianza a las instituciones públicas de Colombia y a otras figuras públicas clave. La consolidación de estas tendencias negativas podría tener repercusiones negativas inesperadas. La más seria es que podría hacer peligrar el amplio consenso que requiere la administración Santos para aprobar amplias reformas, incluyendo un potencial acuerdo de paz con las FARC.
Las encuestas de Gallup e Ipsos muestran que más de 50% de los consultados cree que la situación general en Colombia se está deteriorando. Aunque con cierta volatilidad, este ánimo pesimista comenzó a mediados de 2012, y coincide con la creciente percepción de un deterioro en la seguridad pública y aumento de la corrupción. Aunque Santos ha propinado grandes golpes a las FARC y el número de homicidios ha disminuido desde que asumió en agosto de 2010, la percepción generalizada es que las guerrillas han recuperado fuerza y que los crímenes urbanos han aumentado. La encuesta de Gallup indica que 80% de los consultados cree que la seguridad se está deteriorando, comparado con 62% al inicio del primer mandato de Santos.
Imagen de los tribunales
Aunque la proporción de personas encuestadas por Gallup que cree que la corrupción está empeorando comenzó a aumentar en la última parte de la administración de Álvaro Uribe (2002-10) a casi 60%, recientemente ha alcanzado 80%. Esto responde a la revelación de diversos escándalos que involucran a miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En particular, evidencia de privilegios ilegales y otras faltas dentro de la Justicia, junto con una ineficiencia crónica de los tribunales y los frecuentes conflictos entre altos representantes del poder Judicial, han provocado que el sistema como un todo pierda prestigio. Según Gallup, 80% de los encuestados desaprobaba al sistema judicial en noviembre, un alza desde 71% un año antes.
Según Ipsos, solo 21% de los consultados confía en los tribunales superiores, mientras que 57% censura al Tribunal Constitucional, que antes eran las instituciones públicas más respetadas. De manera similar, el prestigio de la Corte Suprema y las oficinas del fiscal y del procurador general también ha decaído. En los últimos dos casos, su credibilidad ha sido comprometida por las disputas públicas sobre los períodos de presidio que los miembros de la guerrilla deberían cumplir si abandonan las armas tras un acuerdo de paz con el gobierno.
La creciente polarización respecto de un acuerdo de paz con las FARC también parece haber cobrado un precio a los antes altos niveles de popularidad de Uribe, actualmente senador electo, y el líder de la oposición a Santos a través de su recientemente creado partido Centro Democrático. Uribe, que, según Gallup, disfrutó de niveles de aprobación de cerca de 80% en algunos momentos de su presidencia, ha visto sus niveles de aprobación y rechazo equipararse por primera vez, en 47%. Aunque esto no socava su posición opositora, es una indicación de la menor tolerancia de los colombianos hacia la politización del proceso de paz.
Sin embargo, la caída en la popularidad de Uribe y otros en la oposición no significa que los colombianos apoyen completamente a su presidente. Aunque Santos aún es visto como un político honesto, fallas en la estrategia de comunicación del gobierno han hecho caer su respaldo a cerca de 40%, tanto en la encuesta de Gallup como en la de Ipsos. Ambas encuestas también indican que la gran mayoría de los colombianos desaprueba su manejo de la mayoría de los temas de Estado, con una notable excepción en las relaciones internacionales.
Apoyo a reformas
Aunque no es probable que el menor apoyo a Santos provoque un quiebre en su coalición Unidad Nacional, sí reducirá su capacidad para construir el consenso amplio que requiere para aprobar las reformas. Un ejemplo son las dificultades de su administración para asegurar la reforma tributaria estructural necesaria para garantizar la estabilidad fiscal a largo plazo. En ausencia de un respaldo político más amplio, los legisladores se aprestan a aprobar una versión considerablemente diluida del proyecto.
Más aún, se requiere un amplio apoyo popular para validar cualquier acuerdo con las FARC. Aunque, según Gallup, más de 60% de los encuestados concuerdan en que las negociaciones con las FARC son el mejor camino para poner fin a los conflictos internos, 80% rechaza la idea de que los ex rebeldes puedan postular a cargos públicos una vez que se desarmen.
La encuesta de Ipsos muestra una proporción similar de rechazo a la posibilidad de que los miembros desmovilizados de las FARC no cumplan sentencias de cárcel. Ya que ambos puntos son exigencias que los líderes de las FARC no están dispuestos a transar, Santos está consciente de los enormes desafíos que afronta para convencer a los colombianos de asumir los altos costos de una paz duradera.
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