El hombre que creó el mundialmente famoso sistema de pensiones privadas de Chile aún lo llama el “Mercedes-Benz” de los esquemas de retiro, pero eso ha resultado ser una comparación irritante cuando el pensionado promedio recibe un ingreso que resulta ser menor que el salario mínimo.
José Piñera creó el sistema cuando era ministro de seguridad social hace 35 años, cuando Chile, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet, era el laboratorio para el libre mercado.
Su reciente defensa, atacada por considerarse arrogante y elitista, sólo generó la ira de los manifestantes que han salido a la calle para exigir una reforma al sistema, o, incluso, su abolición.
Por muchos años, instituciones como el Banco Mundial destacaron el sistema de contribuciones previsionales definidas de Chile como un ejemplo a seguir.
Ha sido copiado en más de 30 países de Latinoamérica, el sudeste asiático y Europa del este, pero su legitimidad está en duda y la presidenta Michelle Bachelet está prometiendo reformas.
“El Banco Mundial tiene terror de que el modelo chileno falle”, dice David Blake, un experto en pensiones en la Escuela de Negocios Cass, en Londres.
David Bravo, quien lideró una comisión presidencial sobre reforma al sistema de pensiones el año pasado, dice que es necesario “perfeccionar” el sistema actual.
“Bajo Pinochet, Chile se fue de un extremo a otro. Ahora estamos buscando algo un poco más balanceado”, explica.
Los ahorros de pensiones se privatizaron en 1981, cuando Chile era uno de los países más pobres de Latinoamérica y era evitado por los inversionistas extranjeros. El nuevo esquema reemplazó un fallido sistema de beneficio definido financiado por el Estado. Exigiendo que los trabajadores ahorren 10% de sus ingresos, el esquema impulsó los ahorros, la inversión, el empleo y el crecimiento. En particular, el mercado de capitales naciente de Chile tuvo una explosión y los fondos de pensiones ahora superan los
US$ 170.000 millones, cerca de 70% del PIB. Esto tuvo un rol clave para que Chile se convirtiera en la economía más rica de la región y sacara a millones de la pobreza.
Sin embargo, la mayoría de las personas no está ahorrando lo suficiente. El 10% del ingreso que llega a las cuentas de ahorro individuales es cerca de la mitad del total que se destina a esquemas de pensión en países desarrollados, según Bravo. El beneficio promedio mensual es de cerca de US$ 300, menos que lo que gana un trabajador con sueldo mínimo. El problema es aún peor porque muchas personas han hecho sólo pagos inconsistentes y hay una gran economía informal. Las mujeres están especialmente afectadas.
Muchos también se quejan de que la falta de competencia ha permitido a las empresas privadas, conocidas como AFP, que administran los fondos, ganar comisiones desproporcionadamente altas. Los retornos de inversión han promediado más de 8% desde que el sistema se fundó, pero, tras comisiones, las ganancias netas están más cerca del 3%, según el reporte de la Comisión Bravo.
“Inicialmente, el modelo chileno parecía ser muy exitoso, pero el problema parece ser que los cobros que extrae la industria han generado que las pensiones sean mucho más bajas de lo que podrían ser”, dice Blake.
Bachelet implementó una primera reforma de pensiones en 2008, durante su primera administración, acercándose a un sistema mixto público-privado, al introducir un pilar “solidario” con dineros públicos que suplementaba las pensiones de los trabajadores con menos ingresos.
Las reformas bajo discusión ahora van más allá. Incluyen exigir a las empresas que contribuyan 5% del sueldo de los trabajadores al fondo solidario, crear una AFP estatal para aumentar la competencia y medidas para mantener las comisiones de las administradoras bajo control.
Si las reformas de Chile son exitosas, los países que enfrentan problemas previsionales debido al envejecimiento de la población y los rendimientos históricamente bajos de los bonos seguirán mirando al país como un ejemplo.
A diferencia de muchos otros países, donde los gobiernos han asumido enormes deudas para pagar las pensiones prometidas a trabajadores públicos, esa deuda no existe en Chile.
La carga del ahorro ha sido transferida a los individuos, dice Jonathan Callund, un consultor de políticas previsionales en Santiago. “Las pensiones pueden estar en crisis en el mundo, pero un lugar donde no lo están es en Chile”, dice, argumentando que el sistema está “lejos de haber fracasado”.
Si las reformas se aprueban en el Congreso antes o después de la elección presidencial del próximo año aún está por verse. Las propuestas actuales podrían añadir cerca de US$ 1.500 millones o 0,5% del PIB a la carga fiscal de un gobierno que ya sufre por el fin del boom de las materias primas.
El capital político de Bachelet también está en mínimos históricos -su aprobación cayó a apenas 15%-, complicando las negociaciones en su dividida coalición.
Aunque los analistas políticos dicen que es poco probable que Chile ceda a las demandas de las protestas y siga los pasos de países como Argentina, que nacionalizó las administradoras de fondos de pensiones en 2008, Bravo teme a las soluciones populistas. “El gran riesgo es que las pensiones se transformen en un tema de campaña presidencial y la discusión se polarice y se reduzca a eslóganes”, dice. “Eso es peligroso”.
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AFP
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