Un panel del Congreso instó al próximo presidente estadounidense a poner restricciones sobre las inversiones chinas en los activos de medios de entretenimiento, Internet y medios de comunicación estadounidenses en respuesta a las barreras comerciales en la segunda mayor economía del mundo.
En su informe anual, la bipartidista Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China dijo que EEUU necesitaba "abordar las posibles barreras comerciales en China, incluyendo continuas y prolongadas restricciones a la libre circulación de noticias e información que afectan a las compañías de medios extranjeros que intentan acceder al mercado chino".
Los censores chinos bloquean el acceso a compañías estadounidenses de Internet como Facebook y Twitter. Los sitios web de las organizaciones de medios como Bloomberg, el New York Times y Wall Street Journal también han sido bloqueados en los últimos años, obligándolos a reducir la inversión en sitios en idioma chino destinados a los más de 700 millones de usuarios de Internet en ese país.
Por su parte, las compañías chinas se encaminan a gastar más en fusiones y adquisiciones en el extranjero que sus homólogas estadounidenses y han estado adquiriendo activos en el sector del entretenimiento y en otros sectores prohibidos para los inversionistas extranjeros en China.
Como resultado, la comisión dijo que el gobierno estadounidense necesitaba considerar si "el acceso al mercado para los inversionistas chinos en los sectores de noticias, medios de comunicación en línea, y entretenimiento debería estar condicionado sobre una base recíproca a fin de proporcionar condiciones equitativas para los inversionistas estadounidenses".
La comisión, cuyas recomendaciones no son obligatorias, se estableció después de que China ingresó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2001, lo cual le garantizó el acceso al mercado estadounidense en las mismas condiciones que los demás miembros. Antes de la entrada de China, el Congreso votaba cada año sobre si deberían aplicar los aranceles estándar de la OMC a las importaciones chinas.
La mayor parte de las conclusiones y recomendaciones anuales de la comisión se enfocan en el historial en materia de derechos humanos del gobierno chino, al que han criticado severamente. La comisión acusó al presidente Xi Jinping de estar al frente de un "deterioro en las condiciones de los derechos humanos y el estado de derecho caracterizado por una mayor consolidación de su propio poder... a través de conformidad ideológica forzada y la persecución sistemática de defensores y abogados de los derechos humanos".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no se encontraba inmediatamente disponible para emitir comentarios. Usualmente rechaza estas críticas y publica un informe anual con sus propias listas de presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno estadounidense.
Pero las críticas de la comisión a las barreras que las compañías estadounidenses y extranjeras enfrentan en China resonarán ampliamente en una campaña de elección presidencial que ha resaltado el descontento popular por los acuerdos comerciales internacionales presuntamente injustos. En el primer debate presidencial del mes pasado, China fue criticada tanto por Donald Trump, el candidato republicano, como por Hillary Clinton, su contrincante demócrata.
Como Secretaria de Estado de EEUU de 2001 a 2005, la Sra. Clinton fue particularmente crítica de lo que ella denominó el "diplomacia económica" de China, una referencia a la presunta utilización de mecanismos, incluyendo subsidios del gobierno y prescripciones en materia de transferencia de tecnología por parte del gobierno chino para impulsar las empresas estatales que operan en sectores industriales "estratégicos".
Los gobiernos de la Unión Europea y los grupos de presión empresariales también han criticado las presuntas políticas proteccionistas del gobierno chino. En septiembre, la Cámara Europea de Comercio en China advirtió que este año el aumento de la inversión en el extranjero por parte de compañías chinas era "políticamente insostenible" en ausencia de oportunidades recíprocas para las compañías de la UE.
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