El Tribunal Federal en Brasilia ordenó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) divulgar en su página de Internet información detallada sobre todos los préstamos a entidades o a empresas públicas y privadas realizados en la última década y que se concreten en el futuro.
La decisión incluye cualquier tipo de apoyo a programas, proyectos, obras y servicios con aporte de recursos públicos, y es extensiva al BNDESPar, el brazo de inversiones de capital privado de la entidad.
El BNDES dijo que apelará a la sentencia.
Según la jueza Adverci Rates Mendes de Abreu, del 20º Tribunal del Distrito Federal, el banco está sujeto a la Ley de Acceso a la Información Pública y los contratos de la institución, puesto que involucran fondos públicos, no están protegidos por el secreto bancario o fiscal.
A pesar de ser una empresa pública federal que recibe contribuciones multimillonarias del Tesoro Nacional, el BNDES es considerado una “caja negra” por los organismos de control.
El banco no divulga información sobre el financiamiento a las empresas privadas con la justificación de que están protegidos por el secreto bancario.
La Abogacía General de la Unión (AGU) entró en el proceso como asistente del banco para reforzar la petición de mantenimiento de la confidencialidad.
Si la condena prevalece, el BNDES estará obligado a revelar el valor de los préstamos, los destinatarios, el tipo de apoyo y su justificación, así como otros detalles como la forma y condición de la obtención de los recursos, criterios para definir dónde se invierte el dinero, el riesgo, los plazos, las tasas de interés, las garantías y el retorno obtenido.
“A pesar de su naturaleza jurídica de derecho privado, (el BNDES) es una empresa pública federal y está sujeto a régimen jurídico administrativo y a las normas del derecho público, entre ellas la Ley de Acceso a la Información”, dijo la jueza, quien agregó que las entidades privadas que tienen contratos con el banco están sujetas a los mismos requisitos.
Según la magistrada, la divulgación no es contraria al secreto bancario de las empresas: “al hacer contratos con el gobierno, estas empresas están sujetas a las normas de derecho público y, por lo tanto, a la Ley de Transparencia”.
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