Un poco más de tres horas duraron ayer los alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la causa que comenzaron en 2017 los bancos BICE, Security, Internacional, Scotiabank e Itaú en contra de BancoEstado por las tarifas que cobra la entidad estatal en las transferencias electrónicas interbancarias que según los demandantes, serían discriminatorias y excesivas.
El primero en partir fue el representante legal de BICE, Julio Pellegrini. El socio de Pellegrini & Cia señaló que la firma estatal “extrae rentas a los bancos de menor tamaño que discrimina”, ya que no tienen otra opción para poder ofrecer el servicio.
Por el lado de Banco Security, el también socio de Pellegrini & Cia, Pedro Rencoret, explicó que la diferenciación de tarifas que aduce BancoEstado por los tamaños de los bancos no tendría justificación en el costo de proveer el servicio y el de recibir las transferencias electrónicas. “Esa tarifa es un 1.071% y un 1.579% superior a una tarifa que tuviera relación con el costo de recibir transferencias electrónicas”, sostuvo Rencoret.
Banco Internacional también fue representado por Pellegrini & Cia, donde el abogado asociado, Diego Ramos, expuso que desde 2016, -fecha en que se comenzaron a ejecutar las conductas anticompetitivas contra la firma -, “BancoEstado generó un sobrecosto en el sistema financiero y, por lo tanto, un ingreso para la demandada por nada menos que $ 39.900 millones”.
Scotiabank estuvo representada por el socio de González&Rioseco, Andrés Rioseco. El abogado apuntó que BancoEstado pretende “mantener congelado” el mercado de tarifas de transferencias electrónicas al no actualizar los costos a la realidad actual, teniendo en cuenta que fueron establecidas en 1996.
Itaú, que sumó a la causa en octubre del año pasado fue representada por el socio de GMDK Abogados, Cristián Gandarillas, quien denunció que, debido a las tarifas que cobra BancoEstado, entre mayo y octubre de 2018 tuvo costos extras por $ 1.900 millones. Además, ejemplificó que Itaú paga en promedio por transferencia electrónica $ 784 a BancoEstado, mientras que a Santander es de $ 82.
La respuesta estatal
La defensa de BancoEstado estuvo liderada por el socio de Gana&Gálvez, Jose Miguel Gana. El abogado apuntó que entre 1996 y 2016 todos los demandantes firmaron libre y voluntariamente los contratos.
Muestra de ello es que se exhibió que el gerente general de Itaú envió un correo a BancoEstado en 2017 para que le apliquen las tarifas correspondientes a CorpBanca tras materializar su fusión y convertirse en un “banco mediano”.
Otras de las pruebas de BancoEstado es que la negociación de tarifas de 2015 se trató de un “acto de matonaje” contra la firma estatal que trataron de hacer los bancos privados para modificar las tarifas.
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