Luis Hermosilla, quien actualmente cumple prisión preventiva en Capitán Yáber, se enfrentó nuevamente a los tribunales. Durante la jornada del miércoles, el imputado por el caso Factop/Audio fue formalizado por la llamada arista Parque Capital.
El penalista es imputado como autor del delito de tráfico de influencias entre 2020 y 2021 en la tramitación de permisos para el proyecto inmobiliario industrial Parque Capital, entre cuyos accionistas figura el Grupo Patio, firma que en ese entonces era propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.
El fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, acotó que entre el 12 de marzo de 2018 y el 10 de marzo de 2022, Hermosilla operó como funcionario público, específicamente como abogado asesor del Ministerio del Interior.
“Durante este período, Hermosilla mantuvo un interés económico directo en el éxito de los negocios del denominado Grupo Patio, en virtud de los intereses que a su vez tenían sus controladores socio directores Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, con quienes Hermosilla mantuvo una estrecha relación profesional y de amistad”, sostuvo Sepúlveda.
Relato de Fiscalía
El desarrollo del proyecto Parque Capital, “estaba supeditado a autorizaciones por parte de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda Metropolitana, la cual de forma reiterada se manifestó desfavorablemente a las solicitudes realizadas por Parque Capital”, explicó el persecutor.
Fue ante estas negativas que, según relató el fiscal, durante los años 2018 y 2019, “en virtud de la posición, redes e influencia de Hermosilla dentro del Gobierno de turno, especialmente su estrecha relación con Andrés Chadwick Piñera, éste acordó con Álvaro Jalaff el pago de una comisión de UF 45.000 para gestionar en el Ministerio de Vivienda y la Seremi de Vivienda Metropolitana la obtención de informes favorables de construcción (IFC) de Parque Capital”.
“Esta comisión sería pagada por el señor Cristián Menichetti Pilasi, uno de los principales socios de Parque Capital y también del Grupo Patio”, reveló.
Así, entre 2020 y 2021, Hermosilla, “prevaliéndose de su posición de funcionario público asesor del Ministerio del Interior y teniendo un interés económico directo en el éxito de la operación antes referida, ejerció influencias tanto de forma directa como a través de Andrés Chadwick sobre los entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward Edwards, y seremi de Vivienda Metropolitano, Manuel José Errázuriz Tagle”, precisó Sepúlveda.
Reuniones y presión
Con el fin de la obtención de informes favorables, apuntó Sepúlveda, Hermosilla sostuvo reuniones y se comunicó con Ward y Errázuriz de forma reiterada.
La primera cita, reveló el fiscal, ocurrió en junio de 2020, cuando Hermosilla, por intermedio de Chadwick, citó a Ward a su oficina.
Allí, el imputado le encaró el nulo avance que existía en la aprobación del proyecto. Así, “lo instó a que en su rol de ministro de dicha cartera averiguara sobre el estado de este, y le pidió que se reunieran posteriormente para entregarle más detalles”. Fiscalía apuntó a que durante ese mismo mes se materializó una nueva cita.
Posteriormente, en agosto de 2020, Hermosilla contactó a Ward y lo citó junto a Errázuriz para una “reunión reservada y fuera de horario laboral, en su oficina”, narró el persecutor.
Según detalló Sepúlveda, fue el 7 de agosto de 2020, donde el imputado volvió a pedir agilizar y destrabar el proyecto.
Sepúlveda manifestó que tras este encuentro, Hermosilla logró línea directa con Errázuriz, a quién contactó de forma reiterada a través de WhatsApp.
“Logró que el entonces seremi se involucrara directamente en la tramitación de las solicitudes, manteniendo a Hermosilla informado de los estados de avance de éstas, solicitándole documentación faltante y ejerciendo presiones sobre su equipo para obtener una resolución rápida y favorable a los IFC”, apuntó Sepúlveda.
Pese a que existía una opinión técnica desfavorable hacia el proyecto en la Seremi, “producto de la influencia ejercida por Hermosilla, Errázuriz solicitó a su equipo un pronunciamiento jurídico favorable”, añadió el fiscal.
Finalmente, el 10 de agosto de 2021 fueron aprobados informes del proyecto Parque Capital, “lo que Errázuriz comunicó directamente a Hermosilla a través de WhatsApp”, afirmó el fiscal.
La crítica de los Hermosilla
Durante la audiencia, Luis Hermosilla señaló que “el Ministerio Público miente severamente”.
Por su parte, su abogado, Juan Pablo Hermosilla, solicitó su sobreseimiento definitivo por estimar que la imputación tiene “problemas graves del punto de vista jurídico”, ya que a su juicio, no era funcionario público en los sucesos imputados.
Además, tras ser consultado por el tribunal, Hermosilla aseguró que su representado habría transparentado que en las reuniones defendía los intereses de los hermanos Jalaff.
Sin embargo, para Fiscalía, Hermosilla cumple con las características de funcionario público definidas en el artículo 260 del Código Penal y, según consta en diversas declaraciones de la carpeta, no explicitó su relación con los Jalaff ante Ward y Errázuriz.
Resolución
La jueza María Carolina Herrera resolvió rechazar el sobreseimiento definitivo. “Por ahora el Tribunal no está en condiciones de señalar que los hechos materia de la formalización y que se sustentan en la carpeta investigativa no son constitutivos de delito”, sostuvo.
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