El día después de la abrupta renuncia del presidente de BancoEstado, Guillermo Larraín, gatillada por el polémico pago de un bono, agitó las aguas en la opinión pública y particularmente en Teatinos 120.
Precisamente, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió a explicar que la decisión fue conversada y que se basó "en parte" con lo sucedido en la polémica negociación. "Básicamente, tuvimos una conversación de que esta negociación fue más allá del marco presupuestario que habíamos acordado, y por lo tanto, tomó la decisión que tomó", apuntó.
Valdés, eso sí, se tomó el tiempo, en este contexto, de insistir en su discurso de austeridad. Su mensaje fue claro: "Hemos tenido un montón de calamidades que han sido caras, y que estamos financiando. Tenemos además prioridades muy claras; debemos tener particular cuidado en los otros ámbitos del Estado. Más que una señal en sí, quiero hacer un llamado, a tener las prioridades muy claras, en el sentido que los recursos tienen que orientarse a esto".
Bajo esa consigna, precisó que le pidió a Larraín que enmarcara la discusión de la negociación dentro del marco presupuestario que el gobierno le entrega a las empresas públicas. "Yo no quería que esto fuese más allá de ese marco, porque en estos tiempos es muy importante mantener señales claras en cuanto a la austeridad". Sobre si esta negociación había excedido lo presupuestado, sostuvo que "el gasto total fue más allá del marco que habíamos puesto", aludiendo al "reajuste completo, no sólo el bono, que es una parte de los beneficios que se acordaron en esa negociación e incluye otros reajustes".
Las dudas por reforma laboral
Los coletazos por el polémico bono también animaron a las voces más críticas del proyecto de reforma laboral, que promueve un mayor poder negociador de los sindicatos. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, descartó que este hecho marcara un precedente en la discusión del articulado y aclaró que se produce con una legislación vigente y no con la reforma. "Éste es uno de los sindicatos más importantes del país, y, por tanto, lo que ha ocurrido ahí es algo que hay que analizar; pero no mezclemos peras con manzanas. Esta situación se dio en un contexto donde hay legislación vigente y ésta enfrenta una negociación colectiva que ha terminado como ha terminado y habría que preguntarles a los actores sobre ella en particular", apuntó. Aseguró, además, que "los bonos millonarios los instaló el gobierno anterior". Y añadió: "Queremos sindicatos fuertes, pero también empleadores que estén en posición de negociar con esos sindicatos".
El millonario bono no pasó inadvertido a nivel político. Los diputados de la comisión de Hacienda citarán a Valdés y Larraín para que "expliquen" los entretelones de la cuestionada operación, en medio del llamado a la austeridad en el uso de los recursos fiscales.
El diputado de la DC, Pablo Lorenzini, señaló que no le queda "muy claro" que la aprobación de la bonificación para evitar la huelga en la empresa estatal no haya sido visada por Hacienda. "No fue muy prudente dar un bono de ese tamaño considerando las actuales circunstancias", señaló.
El diputado de RN, Alejandro Santana, por su parte, acusó una "contradicción" del Ejecutivo, entre su discurso de prudencia con el gasto público y lo sucedido en la entidad. Mientras, el diputado Pepe Auth (PPD) dijo estar "abierto" a discutir cualquier solicitud formal de citación. "El bono fue mucho más ventajoso de lo que en los tiempos económicos actuales se podía dar. Pero fue un acuerdo suscrito entre las partes, por lo que uno no puede juzgar algo que fue voluntad de los trabajadores con su empleador", afirmó.
El precedente: reajuste del sector público no podrá superar el 5%
"El chorreo se acaba". Así define una fuente del entorno del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la señal que dio la autoridad en la última semana y que tuvo como punto álgido el martes con la renuncia del presidente de BancoEstado, Guillermo Larraín, luego de acordar un bono por término de conflicto equivalente al 51% de las utilidades del primer semestre.
Dentro del ministerio, y a nivel de sus pares, el diagnóstico es claro: la austeridad es el paradigma que marcará la gestión de Valdés hacia adelante, con lo que "raya la cancha" de cara a la discusión del reajuste del sector público, fijado para el mes de noviembre.
El socio de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, valora el llamado a la prudencia del secretario de Estado, advirtiendo que un reajuste para el sector público no debiera superar el 5% nominal para no continuar deteriorando aún más las cuentas del Estado.
Para el socio de Forecast Consultores, Ángel Cabrera, el reajuste debería apuntar a "meramente" mantener el poder adquisitivo. O sea, equivalente a la inflación en doce meses al momento de la negociación: no más allá del 4%
El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, ve una cifra inferior a 4,5% para evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas. Mientras que la economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, coincide con Cabrera en la línea de que el reajuste deberá cubrir "sólo" el aumento en el costo de la vida en los últimos doce meses.
el instructivo de hacienda
Costos reales por negociación
Emitido en junio del 2014 por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el instructivo establece directrices claras respecto al uso de los recursos públicos durante las negociaciones en las empresas del Estado.
Establece que los costos totales del nuevo contrato colectivo producto de la negociación no podrán exceder un 1% real promedio anual respecto al instrumento colectivo vigente.
Dicho porcentaje habría sido vulnerado al aprobarse un bono por término de conflicto equivalente al 51% de las utilidades del primer semestre de BancoEstado.
El porcentaje debe estar asociado a incrementos "efectivos" en la productividad de la empresa.
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