Por Costanza Cristino E.
La idea de una AFP estatal reflotó esta semana, luego de que la candidata del PS y el PPD, Michelle Bachelet se mostrara a favor. Mientras, entre los especialistas la iniciativa no convence. ¿La principal razón? Que la creación de una administradora dependiente del Estado no solucionaría el problema de las bajas pensiones.
“El saldo que hayamos acumulado depende de cuatro factores: el monto destinado como cotización; la frecuencia con que hayamos cotizado; la rentabilidad; y los años que vivamos después de pensionarnos”, dice Nicolás Stark, de Ciedess, quien agrega que de estos factores no hay ninguno que no pueda ser gestionado por una AFP privada.
En esto, el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, es categórico: “Efectivamente algunos grupos están recibiendo pensiones bajo sus expectativas, pero esta situación se explica por varias motivos, ninguno de los cuales se relaciona con la inexistencia de una AFP estatal, ni se soluciona formando una”.
Eduardo Walker, académico de la PUC y miembro del Consejo Técnico de Inversiones, dice que “lo único que podría hacer diferente es cobrar menos, pero la licitación de afiliados en alguna medida ya consiguió este objetivo”. Y advierte que “el gran riesgo de una AFP estatal es que se utilice con fines diferentes al de mejorar las pensiones”.
La defensa
Sin embargo, sus promotores dicen que al no tener fines de lucro, sus utilidades se podrían redistribuir entre los afiliados. Idea llamativa, pero que no se traduce en cifras relevantes.
Si se toman las utilidades obtenidas por las AFP en 2012 y se dividen por el total de afiliados, se traduce en $30.971 por cada uno (ver tabla). Monto inferior al aporte mensual de un cotizante promedio.
Contribución que una AFP estatal sólo podría hacer si mantiene niveles de eficiencia similares a los de las actuales administradoras. Algo complejo si se pretenden ofrecer la comisión más baja. “Una AFP estatal difícilmente va a ser más eficiente, dado a que el sistema de incentivos que se producen en las empresas estatales tiende más a generar ineficiencias”, dice Cecilia Cifuentes, investigadora de LyD.
Por su parte, su implementación significaría una inversión inicial de entre US$ 10 millones a US$ 20 millones, si tomamos como referencia la de Modelo y la anunciada por Habitat para ingresar a Perú.
Frente a este punto, Bachelet planteó la alternativa de que BancoEstado se haga cargo de la puesta en marcha. Sin embargo, “legalmente hoy no es viable, tanto porque los bancos no pueden tener propiedad directamente en AFP, como porque BancoEstado tiene otras regulaciones que no lo permiten”, dice Stark.
Cecilia Cifuentes agrega que “si dejaran al BancoEstado y no al resto de la banca, creo que eso sería inconstitucional”.
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