Por Vicente Vera V.
A días que se cumpla el plazo de 20 jornadas hábiles que otorgó la Superintendencia de Bancos (SBIF) a Itaú para hacer sus descargos por los créditos otorgados a las sociedades Cascadas entre 2011 y 2015 realizados por CorpBanca -antes de la fusión entre ambas entidades-, el banco interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La acción legal, llevada a cabo por el abogado de Claro & Cia José María Eyzaguirre, busca dejar sin efecto la formulación de cargos y ordenar al regulador bancario que se abstenga de realizar cualquier otro acto tendiente a perseguir a Itaú por las operaciones de crédito a las firmas relacionadas a SQM.
Fuentes ligadas a la defensa de Itaú comentaron que una de las razones por cuales decidieron llegar hasta la Corte, se debió a que “la SBIF ya anunció que el nuevo procedimiento concluirá de todas maneras con la imposición de las multas”. Así, el banco busca evitar que sea juzgado por una comisión especial y también que se respete su derecho a la igualdad ante la ley.
Los argumentos
La acción judicial de ItaúCorpbanca acusa a la SBIF de haber “constituido en una comisión especial para perseguir” a la compañía. Pues desde el punto de vista de la defensa de la firma, la autoridad ha realizado un “trato arbitrariamente discriminatorio” al haber sometido nuevamente a Itaú a un nuevo procedimiento administrativo por las mismas faltas que acusó a la firma durante 2016.
De esta forma, la entidad comandada por Milton Maluhy argumenta que también el regulador está imputando elementos que ya fueron juzgados, por lo cual contraviene al derecho.
El objetivo de esta supuesta comisión tendría como “fin predeterminado es el restablecimiento de multas ya impuestas y dejadas sin efecto por nuestro Poder Judicial”.
El texto de la demanda cataloga el proceso llevado a cabo por la Super de Bancos como una “parodia”. En esa línea, la firma controlada por capitales brasileños también aduce que dicho proceso “ni siquiera cumple con las características esenciales de un procedimiento administrativo de conformidad a la ley”.
A juicio de los representantes del banco, el procedimiento administrativo adolecería de imparcialidad. De acuerdo al documento del recurso, “tal procedimiento está siendo actualmente instruido por un funcionario a todas luces inhábil”.
El director jurídico de la SBIF, Andrés Prieto, sería el funcionario en cuestión al cual que apuntan los abogados del banco, que tendría una participación tanto en el actual procedimiento como en el anterior.
Así, en el texto señalan que sería un “procedimiento instruido en incumplimiento de los principios de probidad, imparcialidad y abstención establecidos en la Constitución y en la ley”.
Consultada la Superintendencia de Bancos por el caso, declinaron referirse al tema.
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