El 20 de julio del año pasado, AFP Habitat envió una carta a 1,2 millón de afiliados, alertando los efectos que podía tener el primer y excepcional retiro del 10% de los fondos de pensiones.
El documento señalaba que la medida "abre una puerta cuyas consecuencias de mediano y largo plazo son perjudiciales e innecesarias al tener disponible mejores alternativas, planteando un dilema que polariza a la sociedad ante una definición trascendental como la de disponer del ahorro previsional para un fin diferente al definido."
Sin embargo, la misiva no cayó bien en la Superintendencia de Pensiones, que inició un proceso sancionatorio por UF 2.000 en contra de la administradora, finalizado el 7 de octubre. Lo anterior, en base a tres cargos formulados en contra de la gestora ligada a Inversiones La Construcción (ILC) -el brazo inversor de la Cámara Chilena de la Construcción- y la aseguradora estadounidense Prudential.
Detalle de los cargos
El primer cargo sancionado fue por infringir lo dispuesto en el Artículo 23º del DL 3.500, ya que, según el regulador, la AFP excedió el objeto único y exclusivo de esta en materia en cuanto a la información que envía en forma masiva a sus afiliados.
Del mismo modo, acusó un uso indebido de los datos personales de sus afiliados con fines distintos a aquellos por los cuales los recopila, mantiene y trata en sus bases de datos.
Por último, la Superintendencia señaló que Habitat incumplió reiteradamente las instrucciones impartidas por el organismo, sobre deber de observar las normas que regulan la publicidad, promoción, auspicio o entrega de información a afiliados, que están contenidas en el artículo 26º del DL 3.500.
El triunfo de Habitat
Para sacudirse de la sanción que impuso el organismo que encabeza Osvaldo Macías, AFP Habitat ingresó a finales de octubre de 2020 un recurso de reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago, acción judicial que fue presentada por el socio del estudio jurídico Baker Mckenzie, Rodrigo Díaz de Valdés.
Lo anterior, acusando que la Superintendencia actuó de manera "inconstitucional e ilegal" y que la multa coarta "gravemente" el derecho de la administradora de informar a sus afiliados sobre temas previsionales.
El recurso fue acogido con costas el viernes recién pasado por la Sexta Sala del tribunal de alzada, instancia que desestimó los argumentos con los que el regulador planteó la sanción.
Respecto de la misiva, el fallo indica que ésta "se trata de un acto de información sobre circunstancias objetivas, valoraciones y prospecciones de claro interés para los ahorrantes y que, por tanto, en cuanto información relevante, difícilmente podría sostenerse que no le resultaba lícita a la AFP o, más aún, que para la administración sería lícito impedir o sancionar su difusión entre los particulares, titulares de los fondos".
Añade que la Superintendencia "no ha sido capaz de demostrar que no se trate de información relevante, sino que la tilda, sin más, como información política".
En ese sentido, la Corte de Apelaciones indica que la materia que trata la carta enviada por AFP Habitat sí es parte de su objeto social.
"En sí misma, tal información aparece como estrictamente perteneciente al objeto social y, además -como también es público y notorio-, como una aspirada contribución a la transparencia en las inversiones y los resultados obtenidos por las AFP, y al compromiso activo de estas instituciones con la evitación de posibles malos resultados para sus ahorrantes", acota el fallo.
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