POR ERIC ROBLEDO
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) solicitó a al menos tres administradoras de fondos informar acerca de los vínculos que mantienen con los fondos de inversión privados (FIP) bajo su gestión.
Dicho requerimiento ocurre a pocas semanas de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) oficiara a las superintendencias del sector financiero para que entregaran toda la información que poseen de estos fondos, que en conjunto administraban al cierre de 2011 un patrimonio de
US$ 11 mil millones.
Santander Asset Management, Banchile y BCI Asset Management fueron instados por el regulador a detallar el tipo de relación existente entre dichas entidades administradoras de fondos o las sociedades que conforman sus respectivos grupos empresariales y las sociedades que manejan los fondos privados bajo su administración.
En caso de existir alguna relación -indicó la SVS en sus oficios-, las adminsitradoras deberán ser explícitas sobre si mantienen vínculos de propiedad, si ostentan cargos en dichas sociedades o cualquier otro tipo de relación.
El trasfondo
La acción del regulador se enmarca en los intentos del SII por esclarecer el supuesto uso indebido del beneficio tributario que tienen las administradoras y aportantes de los FIP, al eximirse del gravamen de primera categoría.
Esto porque los FIP fueron creados en 2001, bajo la reforma al mercado de capitales MKI, para el impulso de la industria de capital de riesgo, aunque también con el espacio para la creación de valor en forma fiduciaria en el mercado de valores.
Las estadísticas muestran que del crecimiento de los FIP -que hoy se calcula que manejan US$ 11 mil millones- la industria de capital de riesgo no ha sido precisamente la principal beneficiada.
A 2011 la Asociación Chilena de Fondos de Inversión (Acafi) registra que el tamaño de la industria de capital de riesgo apenas supera los
US$ 400 millones.
El resto del patrimonio contabilizado por el SII -salvo por un grupo reducido de fondos de inversión que opera sin la estructura de un administrador- estaría utilizándose para fines que para las autoridades hoy no están claras.
Rayando la cancha
A fines de junio, la SVS estableció mediante una nueva norma parámetros que buscan dibujar una línea divisoria entre las emisiones privadas de valores y las de oferta pública. Dichas operaciones -generalmente estructuradas bajo la figura de fondos de inversión privados- cuentan hoy con una mayor claridad y mayor certeza jurídica para llevarse a cabo en el mercado nacional. Esto, dentro del marco normativo establecido, que indica que dichas ofertas deben estar dirigidas principalmente a inversionistas calificados.
La calidad de oferta privada permite a los emisores estar al margen de la regulación y fiscalización permanente de la SVS, lo que permite alivianar la carga regulatoria y de costos de algunos emisores. Hasta antes de dicha norma, existía algo de incertidumbre en ciertas definiciones de la antigua normativa.
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