El Gobierno de Brasil sorprendió al ecosistema fintech del país al anunciar, el pasado jueves, que todas las empresas del sector pasarán a ser consideradas instituciones financieras.
Un día después, el Ejecutivo emitió el decreto con el que eleva los requisitos de transparencia de las entidades, con la intención -según dijo el ministro de Hacienda, Fernando Haddad- de suplir un “vacío” en la regulación y combatir el lavado de dinero utilizado por el crimen organizado.
La medida se enmarca en la “mega operación” lanzada por el Ejecutivo contra tramas multimillonarias de blanqueo de capitales y fraude en el sector de los combustibles, en las que se habrían utilizado a las fintech como canales de transferencia.
A partir de ahora, las firmas del sector están obligadas a entregar a la Agencia Tributaria y a Hacienda datos digitales (en un formulario llamado e-Financeira) sobre el registro de la entidad, resultados semestrales y todas las explicaciones sobre las transacciones financieras.
Asimismo, deberán reportar cualquier “indicio” de actividad delictiva a las autoridades competentes.
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La mega operación
El operativo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva permitió desmantelar una red de lavado vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil.
La trama utilizaba 40 fondos de inversión con activos valorados en unos US$ 5.500 millones, controlados por el PCC. Las operaciones se realizaron en empresas con sede en la avenida Faria Lima, el epicentro del mercado financiero en São Paulo y símbolo de las fintech locales y extranjeras.
A partir de las pesquisas se detectó que los recursos de origen ilícito eran canalizados al sistema financiero a través de las fintech, con una de ellas -BK Bank específicamente- actuando como “banco paralelo” de la organización criminal.
Solo esa institución había registrado transacciones que superaron los 46.000 millones de reales (unos US$ 8.400 millones) entre 2020 y 2024.
Según las autoridades, de haber tenido previamente un marco regulatorio y de transparencia más firme, “podrían haberse detectado (los movimientos fraudulentos); ahora se detectarán con base en la información que se proporcionará a partir de hoy”.
Cabe recordar que en septiembre pasado, se había emitido una normativa que sometía a las fintech a la supervisión del IRS (sigla de Internal Revenue Service). Sin embargo, la norma fue finalmente revocada en medio de una ola de noticias falsas que estalló en enero, conocida como “la crisis de Pix”, la plataforma de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil.
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Las reacciones en el mundo fintech
Diego Pérez, presidente de la Asociación Brasileña de Fintech (ABFintech), recordó que ya el año pasado habían apoyado la norma y aseguró que es el mismo caso actualmente.
“Es una actualización necesaria y positiva porque elimina las asimetrías existentes, sobre todo porque la supervisión del cumplimiento tributario es la misma. Y la información generada sirve como inteligencia para las investigaciones policiales y la lucha contra la delincuencia”, dijo al diario O’Globo.
Por su parte, la asociación brasileña Zetta -que representa a algunas de las fintechs más grandes, como Nubank, y Mercado Pago, además de gigantes como iFood y Magazine Luiza-, elogió el viernes el fallo en un comunicado y afirmó que las mejoras regulatorias y un Banco Central (BC) más fuerte son esenciales para evitar que el crimen organizado se aproveche del ecosistema financiero.
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