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Alto contrasteAcusaciones constitucionales: causas más que efectos
Señor Director:
En medio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el debate público se ha concentrado, como casi siempre ocurre, en los efectos: el daño institucional, la señal que se envía a los mercados, el precedente para la conducción de la política fiscal y la eventual inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos. Mucho menos se discute una pregunta previa y, a mi juicio, más interesante: ¿por qué se presentan las acusaciones constitucionales?
La cifra invita a hacérsela. De las 25 acusaciones constitucionales interpuestas contra ministros de Estado desde el retorno a la democracia hasta 2023, 12 se presentaron entre 2018 y 2023. Es decir, casi la mitad se concentró en apenas seis años, frente a poco más de tres décadas de historia democrática. Algo cambió, y no parece razonable atribuirlo únicamente a que la conducta de las autoridades se haya deteriorado de manera abrupta en ese período.
En una investigación reciente realizamos un análisis de las causas de las acusaciones constitucionales, combinando teoría de juegos con herramientas estadísticas que relacionan variables políticas y económicas asociadas a cada acusación. El estudio encuentra que las acusaciones a ministros aumentan cuando coinciden tres factores: una menor aprobación del gobierno de turno, un mayor peso de la oposición en el Congreso y una mayor fragmentación parlamentaria, esto es, más partidos y menor concentración del poder en pocas coaliciones.
Este último punto no es menor: tras la reforma que reemplazó el sistema binominal por uno proporcional, aplicada por primera vez en 2017, el número de partidos en la Cámara se multiplicó y los grandes bloques perdieron capacidad de articular acuerdos. Justamente desde entonces se observa el salto en la frecuencia de las acusaciones. Igual de revelador es lo que no aparece correlacionado: ni el crecimiento económico, ni el desempleo, ni los meses que restan para la próxima elección explican el fenómeno.
El aporte de la teoría de juegos refuerza esta lectura. El trabajo concluye que el contexto político puede pesar más en la decisión de acusar que las propias causales constitucionales invocadas.
Leído así, el episodio actual resulta menos sorprendente. Una acusación impulsada por la oposición, en un Congreso altamente fragmentado y frente a un gobierno con baja aprobación, reúne precisamente las condiciones que la evidencia asocia a una mayor probabilidad de que estos procesos se activen.
Entender las causas no equivale a deslegitimar la herramienta. La acusación constitucional es un instrumento legítimo con el que cuentan las democracias para hacer efectiva la responsabilidad política de sus autoridades. Pero si queremos que cumpla bien esa función -y que no se erosione su valor por un uso demasiado frecuente-, conviene mirar más allá de cada coyuntura y preguntarnos por los factores estructurales que la están impulsando. Hablar solo de los efectos nos deja administrando síntomas. Discutir el por qué es la única forma de mejorar una pieza central de nuestro equilibrio entre poderes.
Carlos Fardellae
FK Economics
