Cartas al Director

Nuevo impuesto al emprendimiento

Señor Director:
El Senado se encuentra analizando un proyecto de ley enviado por el gobierno sobre Aportes al Espacio Público, cuyo objeto es obligar a los proyectos inmobiliarios a mitigar los impactos generados sobre el entorno, ya sea al sistema de transportes o al espacio público.
Si bien esto aparece como razonable, las soluciones propuestas por la iniciativa legal avanzan en un sentido distinto a ese objetivo, pues en la práctica termina estableciendo una obligación legal de aportar dinero a un fondo municipal o regional a fin de mitigar un supuesto impacto global a la ciudad que podría no ser tal. Esta obligación legal se construye sobre la base de las denominadas "mitigaciones indirectas", un concepto de naturaleza indeterminada, que podría llevar a una empresa a tener que aportar para un paso nivel en Maipú cuando su inversión se desarrolla en Colina.
La compensación debería calcularse a partir del impacto causado, ya sea efectivo o esperable, evitando responsabilizar a alguien por algo que no es consecuencia de su accionar, ni adjudicarle la compensación de los déficits históricos de las ciudades.
El concepto de "mitigaciones indirectas" no representa una compensación por los efectos del proyecto, sino una limitación al derecho de propiedad que, al estar constitucionalmente protegido, exige que una norma de estas características deba dar cumplimiento a los requisitos de especificidad. Ello no ocurre en este Proyecto de Ley, ya que simplemente obliga al titular a hacerse cargo de todos los impactos "indirectos", sin establecer el contenido de este concepto. Así, se otorga absoluta discrecionalidad a la autoridad para incorporar cualquier situación, pudiendo abarcar déficits ya existentes que no dicen relación con impactos de la obra, o incluso impactos eventuales que no lleguen a materializarse.
Tampoco se cumple con el requisito de especificidad respecto de la forma de cálculo del impacto, ya que éste no se establece sobre la base del efecto causado. En este punto, además, el techo de estas mitigaciones indirectas –que puede llegar al 44% del avalúo fiscal del terreno- tampoco da cuenta del referido impacto, asimilando una regla que puede tener sentido respecto a los proyectos por extensión, a los por densificación.
En definitiva, el Gobierno propone que todo proyecto de construcción, sin importar si ya se ha hecho cargo anteriormente de los impactos generados, pague una suma de dinero a la autoridad para que ésta la invierta en las obras que estime pertinente, con el único requisito de que sean obras relacionadas con el transporte o espacio público. Así, y aplicando la expresión humorística conocida como Test del Pato (si parece pato, nada como pato y grazna como pato, probablemente sea un pato), podríamos decir que si la mitigación indirecta nada tiene que ver con el impacto de la obra y afecta significativamente a la propiedad, no sería otra cosa que un nuevo tributo al emprendimiento.

Christian Acuña, Abogado

La Haya

Señor Director:
La corte cae en una contradicción al declararse competente para decidir en forma "no condicionada" sobre la obligación de "negociar en buena fe". Ello dado que la "buena fe" es una condición que obliga a una interpretación que impone o demanda condiciones mínimas que pre-condicionan la negociación y que implican de por sí la intromisión de la corte en un asunto resuelto por el Tratado de 1904. Bolivia en este proceso alegará que no es de buena fe que se le propongan condiciones más gravosas que las que ya ha visto, o que ellas sean acerca de territorios sujetos a aprobación de terceros, o cualquier otro artificio, que al final harán que la corte emita un juicio sobre cómo exige la "buena fe" que debe conducirse la negociación y en definitiva qué es lo que se modificará al Tratado de 1904, de ser ello aceptable para Bolivia.
Lo anterior representa una inaceptable cesión de soberanía y nace del error de aceptar o acatar la competencia de esta corte en materias explicitamente vetadas por el Pacto de Bogotá. Aceptar esa competencia hoy, obligará a acatar las consecuencias de su competencia mañana.

Juan Ariztía Correa, Ingeniero Civil