Cartas al Director

Proceso constituyente I

Señor Director:

Si existe en el planeta una cuestión que es ciertamente política, esa es la redacción de una nueva constitución, la cual no es otra cosa que estipular bajo qué principios políticos se va a desarrollar la vida en común. Esta, puede que una vez acordada, redactada y promulgada, sea un asunto jurídico, pero antes es la epítome de lo político.

Es por esto que pretender que todo el actual proceso sea apolítico no solamente resulta absurdo sino, que es un imposible fáctico. Lo que hay que esperar de aquí en adelante como en una campaña son mentiras, conspiraciones, zancadillas, operaciones de desprestigio, rompimiento de carteles, infundios a los candidatos, acusaciones de compra de votos, etc. Mal que mal, como toda elección, esta es una sucia lucha a muerte por el poder.

Tampoco se puede soslayar que el principal impulsor de esto es el Ejecutivo y no el Poder Judicial ni el Banco Central, ente el cual se reconoce y que actúa como un cuerpo político con domicilio conocido. Aquí no existe un organismo de carácter imparcial manejando los hilos sino, uno con intereses claros y profundos.

Siendo así, quienes pretendan participar de la actual coyuntura deben armarse para matar o morir, como si estuvieran en una elección, pero desde ya entendiendo, para no pecar de ingenuos, que el supuesto árbitro que vigila el proceso tiene intereses evidentes en su resultado.

Cristián Gabler

Abogado

Proceso constituyente II

Señor Director:

El economista austriaco Carl Menger ya explicaba el “origen económico de nuestro actual sistema jurídico” en la defensa de la propiedad, la que, según decía, “no es una invención caprichosa, sino más bien la única solución práctica posible del problema con que nos enfrenta la naturaleza misma de las cosas, es decir, la defectuosa relación entre necesidad y masa de bienes disponibles”.

Nuestra Constitución Política no tan solo se ha dedicado a la organización de los poderes públicos y la protección de los derechos fundamentales, sino que también, reconociendo esta inexorable relación entre Derecho y Economía, ha establecido un Orden Público Económico garante de la Propiedad privada y de amplias libertades económicas.

Resulta del todo provecho reflexionar sobre la justicia y necesidad de este Orden en un contexto de proceso constituyente en donde muchos proponen una revisión crítica del mismo y mostrar esto al público, para no amenazar el sostén del progreso económico nacional, como ya se ha hecho en considerable medida con las reformas de la actual facción de gobierno.

Joaquín Rodríguez Droguett

Consejero de Derecho Económico, Universidad de Chile

Licencias médicas

Señor Director:

A partir de la encuesta CERC- Mori dada a conocer recientemente, en la que se afirma que un 84% de los chilenos no confía en sus compatriotas y que el 56% de los encuestados sabe de alguien que ha utilizado una licencia médica para no ir a trabajar, creemos que son cifras alarmantes que dejan en evidencia la crisis de credibilidad que está afectando a nuestra sociedad. Pero no solo eso, además, deja en evidencia la falta de claridad de la gente en cuanto a la gravedad de emitir o recibir licencias médicas fraudulentas. Esto en parte se atribuye a que los chilenos perciben esta acción sólo como una falta y no como lo que es: un delito, que conlleva por ley penas privativas de libertad que van desde los 541 días a los tres años de cárcel, y multas por más de 2 millones y medio de pesos.

A pesar de ser una práctica poco visible, el mal uso de este instrumento afecta negativamente tanto a empleadores como empleados y puede derivar a la emisión de una mayor cantidad de licencias de trabajadores que sí presentan deterioro en su salud y deben por derecho recuperarla.

Es necesario un trabajo en conjunto a nivel público y privado para que este instrumento se consagre únicamente como la manera para recuperar la salud de las personas realmente enfermas.

Rodrigo Varela

Fiscal Inmune