El costo de postergar los conflictos ambientales
Señor Director:
La reciente decisión de ampliar el proceso de consulta indígena al proyecto de tierras raras en Penco es un recordatorio de las tensiones que aún persisten entre desarrollo económico, legitimidad social y protección ambiental. Más allá del contenido específico del caso, lo que urge es fortalecer la institucionalidad ambiental chilena para permitir una detección temprana de conflictos y una respuesta oportuna y técnica por parte del Estado, especialmente en proyectos estratégicos vinculados a minerales críticos para la transformación energética global.
La acelerada demanda por litio, cobre, tierras raras y otros insumos esenciales para tecnologías limpias está generando una reconfiguración geopolítica de las cadenas de suministro. En este nuevo escenario, los países que liderarán no serán necesariamente los que tengan mayores reservas, sino aquellos capaces de ofrecer condiciones institucionales robustas, procesos de evaluación ágiles y una trazabilidad socioambiental confiable. En ese sentido, mantener la competitividad de Chile implica contar con una gobernanza ambiental moderna, capaz de combinar exigencia con eficiencia.
Reforzar la gobernanza ambiental no implica debilitar estándares, sino todo lo contrario: consolidar capacidades técnicas, profesionalizar los organismos evaluadores y acortar plazos mediante procesos claros, predecibles y fundados en evidencia. La prevención de conflictos socioambientales debe integrarse desde el diseño de los proyectos, no en etapas finales cuando las inversiones ya están comprometidas y el costo del cambio es mayor.
Chile tiene una oportunidad histórica para liderar la producción responsable de minerales críticos, pero ello requiere una institucionalidad moderna, con visión estratégica y capacidad de ejecución.
Pablo Faúndez
Practice Leader Environment and Society GEM Mining Consulting