Existe consenso en la necesidad de reformar el CAE. En lo sustantivo, bastarían algunos ajustes para tener un crédito con condiciones aceptables. Esto es, que se cobre de acuerdo con la capacidad de cada estudiante. Para ello, se requiere agregar un esquema de tramos que exima de pago a quienes tengan bajos ingresos, eliminar la participación de la banca y, sobre todo, modernizar el sistema: la cobranza y los beneficios deben ser automáticos. Así tendríamos un crédito blando, pero que efectivamente se pague.
Este esquema de crédito contingente al ingreso (CCI) es superior al FES en distintos sentidos. Es más solvente fiscalmente, no admite comportamiento estratégico, no afecta la libertad de enseñanza y es más justo. El CCI requiere subsidios menores para cubrir el diferencial entre la tasa de 2% y la tasa de interés del Fisco; para la cuota calculada como porcentaje del ingreso, que muchas veces será inferior a la cuota real; y para la exención de pago. Hoy, el subsidio por la tasa de interés cuesta US$ 23 millones anuales, lo que aumentaría con este esquema. Sin embargo, permitiría recuperar la mayoría de lo prestado, que asciende a casi US$ 150 millones anuales.
“El crédito contingente al ingreso es superior al FES. Es más solvente fiscalmente, no admite comportamiento estratégico y no afecta la libertad de enseñanza”.
Eso no puede afirmarse del CAE, pero tampoco del FES, pues ambos admiten comportamientos estratégicos de los estudiantes. El CAE permite no pagar casi prácticamente sin consecuencias, lo que ha aportado a que la tasa de morosidad alcance a 64%. Por otro lado, el FES provocará que algunos estudiantes devuelvan dos o tres veces el costo de su carrera. No es evidente que quienes crean que terminarán en ese grupo soliciten el FES frente a otras ofertas de crédito privado. Y aun cuando lo hagan, el FES incentiva la informalidad laboral para evitar el pago de la cuota.
Un CCI, en cambio, permite que cada institución de educación superior decida qué programas ofrecer, para cuántos estudiantes, y cuánto cobrar. Esa receta ha convertido al sistema de educación superior chileno en uno de los más sólidos de la región, si no el mejor. El FES traslada al Estado la fijación de vacantes (cantidad) y de aranceles (precio). Esto genera dependencia estatal y hace que el financiamiento educacional compita con todas las otras necesidades públicas, en un escenario de estrechez fiscal.
Un CCI es más justo que el FES. Bajo el primero, el pago responde a la capacidad de cada estudiante y, a lo más, se cubre el costo financiero de los estudios, ni un peso más. Bajo el FES, los estudiantes contribuyen por un tiempo fijo, lo que lleva a muchos a pagar más que el costo financiero de su carrera. Un 37% de la matrícula universitaria se vería afectada por esta situación.
El CAE requiere ser reformado, en eso hay consenso. Pero necesitamos alternativas que no sean insolventes ni injustas, que no atenten contra la libertad de enseñanza ni pongan en riesgo el futuro del sistema de educación superior.