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Alto contrasteBalance fiscal: ¿cuánto se ha avanzado y qué queda por hacer?
ANDRÉS SANSONE Economista jefe de Banco Santander
El Gobierno presentó su último proyecto de Ley de Presupuesto junto con el IFP del tercer trimestre. En este se eleva el déficit estructural proyectado para 2025 a 2,2% del PIB, lo que implica un nuevo incumplimiento de la meta fiscal autoimpuesta. Con ello, la deuda bruta cerraría 2025 en 42,4% del PIB y la neta en 38,1%. Para 2026, el presupuesto contempla un aumento del gasto público de 2,5% real respecto a la ejecución de este año, con un déficit estructural proyectado de 1,1% del PIB. Sin embargo, persisten riesgos a la baja en los ingresos y potenciales presiones en remuneraciones del sector público.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Vale la pena mirar hacia atrás. En septiembre de 2021, el CFA presentó distintos escenarios de consolidación fiscal. En el más exigente -con consolidación alta y convergencia rápida- se proyectaba un déficit estructural de 0,9% en 2025 y 0,5% en 2026, con deuda neta entre 37% y 38% del PIB. En los demás, la deuda neta superaba 40% y la bruta, 45%.
“Los planes de recorte fiscal presentados por distintos centros de estudio implican decenas de líneas de acción y carecen de una ‘bala de plata’, lo que ilustra la necesidad de un esfuerzo continuo y de equilibrio político y social”.
En el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la actual administración definió su política durante los primeros 90 días de Gobierno. En el primer IFP de 2022, Hacienda introdujo un cambio metodológico relevante: fijar la meta estructural a partir de un nivel prudente de deuda, anclando la trayectoria fiscal en un análisis de sostenibilidad de mediano plazo. Se optó por una senda de reducción del déficit estructural de 0,75 punto del PIB por año, partiendo desde 3,3% en 2022. En ese escenario, la meta era –1,1% en 2025 y –0,3% en 2026, con deuda bruta de 43,9% y neta de 39%, similar al escenario más exigente del CFA.
Durante el primer año se logró un ajuste relevante mediante contención del gasto y la absorción de la Pensión Garantizada Universal (PGU), inicialmente sin financiamiento completo. Esto permitió un superávit fiscal en 2022, apoyado por ingresos extraordinarios del litio, mayor inflación y sorpresas positivas en la recaudación. Todo ello en un contexto complejo, marcado por presiones sociales, inflación elevada -en particular en alimentos- y el primer referéndum constitucional. Sin embargo, ese buen inicio se fue diluyendo. Proyecciones de ingresos mayores a las efectivas, rigideces del gasto y restricciones políticas limitaron el cumplimiento de las metas autoimpuestas.
Al cierre del período de la actual administración, la deuda terminará en torno al nivel proyectado por el escenario más ambicioso del CFA, gracias al superávit de 2022. Sin embargo, el déficit estructural quedará a mitad de camino respecto de la meta original.
El punto de partida del próximo Gobierno no es dramático, pero sí exigente y requiere lograr las metas que se autoimpongan. El gasto fiscal como porcentaje del PIB se ha mantenido prácticamente plano por cuatro años y las presiones estructurales -especialmente en salud- irán al alza con el envejecimiento poblacional. Los planes de recorte fiscal presentados por distintos centros de estudio implican decenas de líneas de acción y carecen de una “bala de plata”, lo que ilustra la necesidad de un esfuerzo continuo y de equilibrio político y social. En tanto, los ingresos fiscales no muestran señales claras de repunte, lo que hace evidente la necesidad de fortalecer el crecimiento económico potencial para sostener el ajuste.
