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Alto contrasteCarrera por el capital: ¿quién toma la delantera en tiempos de incertidumbre?
PATRICIO FAÚNDEZ Practice Leader de Economía, GEM Mining Consulting
Glencore ha aplicado al programa de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, buscando canalizar US$ 13.500 millones hacia sus proyectos cupríferos emblemáticos en el país, El Pachón y Agua Rica. Para dimensionarlo, la inversión planificada supera el PIB total de países como Namibia o Somalia.
Esto subraya una realidad: el valor de cualquier proyecto minero depende del equilibrio entre flujos de caja futuros y riesgo. Al promulgar el RIGI en 2024, la administración del Presidente Javier Milei está reduciendo el riesgo y haciendo de Argentina un destino más atractivo para los inversionistas de gran escala.
“Los regímenes de estabilidad no son una panacea, pero bien diseñados -como muestra Argentina- pueden destrabar inversiones mineras de gran escala. En la carrera por el capital, la geología cuenta, pero la credibilidad pesa más y se construye con buena gobernanza de largo plazo”.
Hasta ahora, Milei ha logrado hitos relevantes: eliminar el déficit fiscal, contener la inflación y restaurar la confianza en el peso y en los mercados financieros. Sin embargo, las grandes inversiones solo comenzaron a aparecer recientemente: los inversionistas aplaudieron sus reformas, pero en gran medida, mantuvieron el capital a la espera. Por eso, anuncios como el de Glencore son tan significativos, pues muestran que la economía argentina no solo se está estabilizando, sino que empieza a despegar. Aún así, hay un llamado a la cautela. Los controles de capital y la historia volátil de Argentina mantienen la prudencia de los inversionistas. Las elecciones de octubre de 2025 serán decisivas, ya que pueden consolidar la credibilidad de las reformas o devolver a los inversionistas una postura de “esperar y ver”.
El RIGI indudablemente operará como palanca para inversiones masivas. Desde una perspectiva minera, esto es crucial: construir una mina requiere miles de millones de dólares en inversión y largos períodos de retorno. Los países con entornos de política menos predecibles suelen adoptar regímenes de estabilidad para asegurar capital extranjero, mientras que jurisdicciones mineras maduras como Australia y Canadá dependen de instituciones sólidas y no requieren de estos mecanismos. Argentina no es la única: Perú, Mongolia, Kazajistán y la República Democrática del Congo mantienen regímenes de estabilidad, cada uno con diferentes plazos y beneficios. En conjunto, resaltan una lección global respecto de que la certeza jurídica y fiscal es un motor decisivo para la inversión minera.
En contraste, otros países como Chile, Zambia y Tanzania alguna vez tuvieron mecanismos de estabilidad, pero luego los derogaron, ya sea argumentando que la industria había madurado y no necesitaba de tales protecciones, o declarando que los instrumentos habían quedado obsoletos.
El caso de Chile es particularmente interesante. Desde la derogación del DL600 (2016) aumentó la volatilidad política (dos intentos fallidos de nueva Constitución) y la carga tributaria con la nueva ley de royalty. Aunque las operaciones existentes y las inversiones brownfield se han mantenido (con algunas decisiones postergadas), casi no ha habido desarrollo greenfield de gran escala, agravado por la ausencia de descubrimientos Tier 1 y Tier 2 en la última década. La incertidumbre persiste de cara a las próximas presidenciales, con candidatos que incluso plantean la renacionalización de recursos.
Los regímenes de estabilidad no son una panacea, pero —bien diseñados, como muestra Argentina— pueden destrabar inversiones mineras de gran escala. En la carrera por el capital, la geología cuenta, pero la credibilidad pesa más y se construye con buena gobernanza de largo plazo. Estos regímenes deben ser un puente, pues mientras no existan instituciones fuertes y previsibles que los vuelvan innecesarios, los mecanismos de protección de inversiones seguirán siendo una pieza clave del panorama minero.
