Divisiones prediales: el síntoma de una enfermedad crónica y profunda

Claudio Nitsche Meli

En los últimos dos años las solicitudes por subdivisión de predios rústicos aumentaron al doble: de 10.000 en 2019 a 20.000 en lo que va de este 2022. La cifra, entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), da cuenta de la relevancia de un tema que ha estado muy presente en la agenda de las últimas semanas: el aumento de las parcelaciones en algunas regiones y las medidas que empieza a aplicar la autoridad para evitar lo que ha llamado “urbanización escondida”.

Es importante una primera consideración: el uso de terrenos rurales para fines habitacionales responde a una demanda ciudadana, que nace del legítimo interés de muchas familias por vivir en condiciones distintas a las que ofrecen las ciudades, con más espacios abiertos y en contacto con la naturaleza. Una demanda que, por lo demás, no ha encontrado una respuesta adecuada, con lo cual se ha convertido en el síntoma de un problema de mayor profundidad, que se explica por tres factores.

“Corresponde a las autoridades aplicar los mejores modelos de planificación, considerando cuáles son los instrumentos más adecuados y cuáles han quedado obsoletos”.

Primero, un ineficiente modelo de planificación urbana que dificulta el acceso de las personas a una vivienda. Las restricciones a nivel comunal para el desarrollo de proyectos habitacionales en espacios urbanos han hecho que el precio del suelo en estos lugares se eleve, con un valor de las viviendas impagable para muchos. Segundo, la masificación de los sistemas de trabajo y educación a distancia, que han motivado una fuerte migración fuera de los grandes centros urbanos, un fenómeno que seguirá creciendo con el paso de los años. Tercero, la falta de un ordenamiento territorial que articule un desarrollo integral considerando el ámbito urbano y rural, con sus múltiples necesidades y potencialidades, resolviendo la notable debilidad que hoy existe a la hora de regular la ocupación del territorio que se extiende fuera de los límites urbanos.

Al igual que los campamentos son un síntoma de un problema mayor de falta de acceso a la vivienda, la subdivisión predial no es el problema de fondo. Sí lo es la falta de planificación frente a una creciente demanda de espacio y de definición de estándares para mitigar los impactos que esto genera, desde los impactos ambientales hasta la demanda a los municipios por la provisión de infraestructura y servicios básicos.

Estas son las variables de las que hay que hacerse cargo. Y para ello resulta necesario avanzar en el perfeccionamiento regulatorio, precisar estándares de urbanización en el campo y en la ciudad, y sobre todo, tomar medidas a corto plazo para conciliar el cuidado del medio ambiente con los proyectos de vida de un creciente número de familias.

Corresponde a las autoridades aplicar los mejores modelos de planificación, considerando cuáles son los instrumentos más adecuados y cuáles han quedado obsoletos. No obstante, esta tarea sólo podrá ser abordada en plazos razonables si existe colaboración. Debemos enfrentar este desafío y, sobre la base del diálogo y la construcción de acuerdos, ayudar a que el país cuente con una regulación que esté a la altura de los tiempos y responda a distintas y legítimas demandas ciudadanas.