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Alto contrasteEl problema estructural del crédito a las PYME chilenas
NICOLE WINKLER fundadora de Tuwün Lab, Civic Tech de Políticas Públicas. FRANCISCO MENESES Socio Chile Capital
En Chile, cuando hablamos de tasas de interés, la discusión pública suele quedarse en la Tasa Máxima Convencional (TMC). Una PYME chilena sin garantía estatal paga entre dos y tres veces lo que pagaría una pyme equivalente en Europa. Pero esa diferencia no se explica por el techo regulatorio. El problema está en otra parte.
El Cuadro de Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el financiamiento de las PYME 2026 muestra la escala del problema. La tasa mediana pyme en la OCDE ronda el 6,5% anual. En Chile, con el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), una pyme accede a 9,5%. Sin garantía, buena parte del crédito pyme se financia fuera de la banca, en factoring, con tasas anualizadas de entre 20% y 35%. ¿Será que nuestras pymes pagan más porque no pagan? No: su mora, entre 3% y 4%, es equivalente al promedio OCDE. La brecha no es el cliente. Es algo más profundo.
Lo que explica la brecha es la baja recuperación esperada por el banco cuando el crédito falla. Según el Banco Mundial, la tasa de recuperación concursal en Chile ronda el 30%, muy por debajo del más del 70% que exhibe el promedio OCDE. Y los bancos incorporan ese dato al precio: si esperan recuperar poco, cobran más desde el inicio, a todas las pymes.
“Una PYME chilena sin garantía estatal paga entre dos y tres veces lo que pagaría una pyme equivalente en Europa”.
La evidencia chilena lo confirma con un experimento. El Fogape Reactiva, que cubrió durante la pandemia hasta el 80% del crédito si la pyme caía en mora, registró tasas de interés efectivas promedio de 7,68% según la Dirección de Presupuestos (Dipres), muy por debajo del 20%-35% del mismo segmento sin garantía. El cliente es el mismo, lo que cambia es cuánto puede recuperar el banco. Cuando la recuperación sube, la tasa cae a un tercio.
Al menos tres palancas concretas pueden activarse ahora.
La primera es el régimen de insolvencia. La Ley 20.720 fue un avance insuficiente, con una reorganización pyme lenta y cara. Cuando Brasil reformó su régimen concursal en 2005, el spread cayó.
La segunda es movilizar capital institucional privado, vía una garantía estatal sobre el tramo senior de fondos securitizados de cartera PYME, similar al British Business Bank o a Nafin en México. Chile ya avanzó: la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de abril de 2026, en línea con Basilea III, incorporó la transferencia significativa de riesgo y removió la ponderación penalizadora de 1.250%.
La tercera es información: Open Finance (Ley 21.521) y el Registro de Deuda Consolidada (Ley 21.680) permiten cerrar las asimetrías que encarecen el crédito.
La propuesta es conformar una Mesa Nacional del Crédito PYME con un mandato acotado: que las pymes chilenas tengan condiciones crediticias OCDE en cinco años, medido por spread, tasas efectivas, tiempos concursales, tasas de recuperación y profundidad de securitización.
El diagnóstico técnico es claro y las herramientas existen. Las PYME chilenas generan dos de cada tres empleos formales privados del país y no pueden seguir esperando. No pagan caro por ser especialmente riesgosas. Pagan caro porque el sistema reorganiza mal, recupera poco y liquida demasiado.
