Desde hace algún tiempo, se ha intensificado la discusión sobre la importancia de que las empresas adopten criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para alinear mejor sus operaciones con las expectativas de las comunidades donde están insertas. Esta creciente relevancia ha generado un debate robusto en los directorios de empresas, tanto en Chile como en el ámbito internacional. Mientras algunos directivos consideran estos criterios fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo y la responsabilidad corporativa, otros perciben que pueden conllevar cargas excesivas que comprometen la agilidad y la rentabilidad empresarial. Estos desafíos y tensiones reflejan un choque entre la ética de responsabilidad y las dinámicas de mercado, poniendo a prueba la capacidad de las empresas para equilibrar intereses a veces contradictorios en un entorno empresarial cada vez más examinado por el público.
En el plano local, la extensa permisología a menudo termina por descarrilar proyectos antes de su inicio, en lo que podría llamarse un “aborto corporativo forzado”. Por otro lado, en el Estado de Texas, Estados Unidos, la discusión ha escalado a los tribunales debido a decisiones del gobierno estatal de incluir en una lista negra a empresas que, basándose en criterios de sostenibilidad medioambiental, han restringido el uso de combustibles fósiles. Y en Unilever, un reciente cambio en la dirección ejecutiva reenfocó las prioridades de la empresa desde ambiciosos objetivos de sostenibilidad, como la reducción del uso de plásticos y la transición a empaques completamente reciclables, hacia un mejoramiento del desempeño financiero.
Como es sabido, los criterios ESG buscan que las empresas se responsabilicen de las externalidades negativas de sus actividades, imponiendo estándares estrictos de emisiones, gestión de residuos industriales, y asegurando la restauración de áreas explotadas tras cesar operaciones. Además, fomentan mejoras en las condiciones laborales, el trato a proveedores y clientes, y la transparencia en la estructura y actuar de sus directivos.
Sin embargo, es crucial no ignorar que el objetivo principal de la actividad empresarial es satisfacer eficientemente necesidades variadas y generar rentabilidad, sustentando así la base de una economía de libre mercado que financia al Estado a través de impuestos. Una excesiva regulación puede inhibir la actividad económica, impactando negativamente en el empleo y la cadena productiva completa, y dejando insatisfechas numerosas necesidades, incluidas las del propio Estado regulador. Este dilema no está aún resuelto y se extiende a temas como la inclusión obligatoria de minorías en cargos directivos, entre otros. En definitiva, la clave estará en lograr un equilibrio entre rentabilidad actual y objetivos de más largo plazo. La capacidad para navegar estas complejidades será determinante en el éxito futuro de las empresas y, en ello, los gobiernos corporativos cumplen un rol fundamental, buscando asegurar con inteligencia y flexibilidad que sus decisiones estén alineadas con los intereses de corto y a largo plazo de accionistas y stakeholders.
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