La necesidad de ratificar la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur

Si Chile quiere resguardar sus intereses pesqueros y proteger los recursos que capturan sus nacionales, debe procurar proveer un ordenamiento jurídico capaz de regular la pesca indiscriminada y sin sujeción, que efectúan barcos pesqueros de banderas extranjeras en la altamar aledaña a sus costas.

Desde 2005 nuestro país inició, en conjunto con Australia y Nueva Zelanda, un proceso de negociación para la creación de una Organización Regional para la Ordenación y Manejo Pesquero en la extensa área del Pacífico Sur. Esta es la forma en que la Convención del Derecho del Mar ordena que deben ser regulados los recursos pesqueros de alta mar.

Durante este largo proceso, el principal objetivo de Chile ha sido establecer un marco legal que permita regular las excesivas capturas de las cada vez más numerosas flotas extranjeras presentes en el área, especialmente de China y de la Unión Europea, así como en menor medida de Vanuatu, Corea, Perú y Rusia, todas las cuales capturan jurel en el alta mar aledaña a nuestras costas. En la década de los ‘80 este último país llegó a capturar un millón de toneladas sin restricción alguna. 
A través de la creación de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur y mediante la ratificación del Tratado Internacional que la establece, se pretende avanzar hacia una regulación para los recursos pesqueros transzonales, que se desplazan y habitan las zonas económicas exclusivas y la altamar aledaña -como es el caso del Jurel que constituye la principal pesquería nacional-, imponiendo al derecho nacional e internacional una especial dificultad al momento de buscar una regulación adecuada.

De conformidad con las normas de la Convención del Derecho del Mar, los Estados costeros y los Estados pesqueros de aguas distantes, deben procurar cooperar y acordar normas que ordenen la pesca que ocurre en alta mar. En base a este mandato Chile ha participado activamente en el proceso de negociación para crear una organización que establezca dichas regulaciones. Este tratado, que se acordó en 2009 por los países que lo negociaron, hoy está sometido al proceso de ratificación en el Congreso. Es el decidido interés del gobierno avanzar en dicho proceso y lograr medidas de conservación y manejo adecuadas para la alta mar, regulando así las flotas extranjeras y las actividades pesqueras que allí se desarrollan.

El gobierno cree que este momento es especialmente oportuno para proceder a la ratificación de este tratado pues, para que la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur entre en vigor, se requiere de la ratificación de ocho Estados, con representación de ambas riberas del Océano Pacífico Sur. Hasta el momento existen siete ratificaciones y, con la aprobación de Chile, la organización entrará en vigor 30 días después. Si no se logra este acuerdo antes del noviembre de 2012, la convención indica que la entrada en vigor se producirá con la ratificación de diez Estados, independiente de su situación geográfica. Lo anterior significa que aún sin que Chile ratifique el tratado, la organización podría entrar en vigor.

En este escenario, Chile tiene dos opciones: hacerse parte de la organización o efectuar un ejercicio de compatibilización de sus normas con las de este organismo. Esto último sería muy complejo para Chile, por cuanto quedaría en una posición en la que no podrá influir en las medidas de conservación que se adopten para la alta mar adyacente a sus costas.

Nuestro país tiene hoy la oportunidad de hacer que la organización entre inmediatamente en vigor, y desde ella -una vez que comience a operar- denunciar las actividades pesqueras que atentan contra la conservación de los recursos marinos. Sólo así todas aquellas actividades que hoy se realizan sin regulación alguna podrán ser denunciadas y combatidas como pesca ilegal.

Todo lo anterior hace que el gobierno considere que éste es el momento oportuno y necesario, y no otro, para que Chile ratifique la convención que crea esta importante organización. Sin ella, lo único que se logrará es que la falta de regulación en la altamar del Pacífico Sur se perpetue. En la medida que esta organización no entre en vigor, esta área frente a las costas nacionales continuará sin una regulación concreta y vinculante, pudiendo ser blanco de cualquier flota que ejerza indiscriminadas capturas, amparándose en la débil regulación existente, que hasta ahora se basa en normas de carácter interino y voluntario, con la continua vulneración que hemos evidenciado y sin mayor costo para dichos Estados.