La urgencia de retomar la inversión

Chile enfrenta un gran desafío en relación a su infraestructura. Si aspiramos como país a recuperar ritmo de crecimiento, un acceso más equitativo a bienes públicos y un mayor nivel de productividad de nuestros sectores económicos habremos de dotarnos de más y mejor infraestructura, además de hacer más eficiente la utilización de las facilidades disponibles. Sin embargo, para avanzar en esta dirección los recursos provenientes del Presupuesto Público no serán suficientes. Queda claro, de la opinión de los analistas económicos, que los compromisos de gasto de las siguientes administraciones generan un escaso margen para destinar recursos a la inversión. En consecuencia, para llevar a cabo los nuevos proyectos que se necesitan habrá que insistir en modalidades de asociación público-privadas.

Como país fuimos líder en América Latina en la promoción de inversión privada en infraestructura pública. Durante los últimos 30 años, sólo a través de la Ley de Concesiones de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), hemos sido capaces de constituir una industria que cuenta con más de 65 emprendimientos activos de gran relevancia en la prestación de servicios a la comunidad; que representan una inversión cercana a los US$ 25 mil millones en proyectos en operación, algunos en su fase de construcción y otros en los que se tramitan los permisos para comenzar obras. Además, se cuenta con una cartera de proyectos en su etapa de licitación, que aseguran un nivel de actividad interesante para los próximos meses, y un sector empresarial muy disponible a seguir colaborando con el Estado en las inversiones que este requiera para asegurar el desarrollo del país.

Junto con ello, se cuenta con una ley que, con sus debilidades y algunas modificaciones, está vigente desde hace más de 20 años; una estructura operativa radicada en el MOP con más de 25 años de experiencia; una demostrada capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del país como son las demandas sociales y ambientales que recaen sobre los grandes proyectos que se ejecutan; y un proyecto de financiamiento de infraestructura de alto componente innovador que se tramita en el Congreso, como el Fondo de Infraestructura.

No obstante, el aporte privado a infraestructura pública expresado en inversión efectiva, sigue siendo menor. En los últimos años no ha sobrepasado el 0,3% del PIB, lo cual es menos de la mitad de lo que invierte el MOP con recursos públicos. Así, el nivel de inversión en infraestructura pública financiada, con recursos públicos y privados, ha llegado a representar no más del 2,4% del PIB, aún muy lejos del 3,5% que han declarado las autoridades como meta anual para reducir progresivamente las brechas en este campo.

Alcanzar ese objetivo demandará de un esfuerzo adicional que deberá ser liderado por las autoridades a cargo del sector y que deberá ser apoyado por la industria de las concesiones como actor relevante. Es desde el Estado que deberán surgir los nuevos proyectos que le den sustento a nuestro desarrollo económico, expresado en una mejor conectividad, una mayor capacidad de gestión integral de nuestros recursos hídricos, ciudades más amables y un proceso de conectividad digital que nos acerca progresivamente a lo que sucede en este aspecto en los países desarrollados. Para ello será necesario intensificar la inversión en ingeniería y proyectos, hoy bastante postergados de la cartera de los diferentes ministerios.

A este esfuerzo de coordinación deberá ser convocada la comunidad, a través de sus diferentes formas de representatividad, de modo de compartir con ella las urgencias, las formas de enfrentar esas urgencias y su aporte, para asegurar el éxito de una política de inversión en infraestructura pública a través de financiamiento privado. Creemos que no es posible seguir esperando para intensificar nuestro ritmo de inversiones y así proyectarnos como un país con la certeza del desarrollo.