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Alto contrasteLos desafíos de la Ley de Presupuestos 2026
Mauricio Villena Decano Facultad de Administración y Economía Universidad Diego Portales y Rodrigo Montero Decano Facultad de Administración y Negocios Universidad Autónoma de Chile
La Ley de Presupuestos es el examen más exigente de Hacienda y, este año, el listón está más alto. Tras la sorpresiva salida de Mario Marcel, Nicolás Grau asume con un calendario perentorio: restan apenas semanas para ingresar el erario 2026 y, además, se trata de un presupuesto que ejecutará la administración que asume en marzo de 2026. Ese doble rasgo obliga a reforzar la disciplina de reglas y un diálogo parlamentario que privilegie criterios de Estado por sobre la coyuntura.
El punto de partida fiscal es estrecho. Bajo Marcel se estabilizaron las cuentas tras el shock pandémico, pero la ruta comprometida no se cumplió: el déficit estructural de 2024 cerró en 3,3% del PIB frente a un objetivo de 1,9%, y a comienzos de 2025 se modificó el decreto para una convergencia más gradual (de −1,1% a −1,6% del PIB). A mitad de año la proyección oficial era de −1,8%, con ingresos que perdían tracción trimestre a trimestre. En ese contexto, cuadrar 2025 sin tensionar 2026 exige anclar el gasto a ingresos realistas y evitar expansiones inerciales.
“El punto de partida es estrecho. A mitad de año la proyección oficial de défici estructural era de −1,8%, con ingresos que perdían tracción. Cuadrar 2025 sin tensionar 2026 exige anclar el gasto a ingresos realistas y evitar expansiones inerciales”.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió recientemente que, aun con acciones correctivas, Hacienda volvería a incumplir la meta de Balance Estructural (BE) en 2025. Con correcciones, el BE sería −1,8% del PIB, y si se consideran solo medidas administrativas —excluyendo iniciativas legislativas inciertas— alcanzaría −2,1%. En ambos casos, la meta se incumple.
El CFA enfatiza, además, que para alcanzar la proyección de ingresos de 2025 la recaudación del segundo semestre debería superar en 8,2% lo acumulado en el primero, cuando la mediana de la última década muestra que el segundo semestre recauda 1,7% menos.
Sobre esa base, dos anclas fiscales son claves a considerar para el año 2026. Primero, un crecimiento real del gasto del Gobierno Central Total de no más allá del 1,5% respecto de 2025, con una cláusula de activación explícita que permita ajustar adicionalmente en medio punto si, durante la ejecución, se verifica un desvío material de ingresos frente al escenario conservador.
Este nivel de crecimiento del gasto es coherente con la advertencia de holguras negativas y con el diagnóstico de que el Presupuesto 2026 no debe crecer en demasía respecto de 2025 si se aspira a converger a una meta razonable— evita cargar el ajuste sobre proyecciones de recaudación que hoy lucen optimistas.
Segundo, fijar como meta de balance estructural para 2026 un déficit de −1,6% del PIB, que mejora de manera creíble la posición de 2025 sin forzar hipótesis de ingresos difíciles de sostener; si el ciclo o los términos de intercambio sorprenden al alza, la regla puede prever una senda de sobrecumplimiento hacia −1,1% sin expandir el gasto estructural. Ambas referencias ordenan expectativas, reducen la prima de riesgo fiscal y preservan espacio para reasignar hacia prioridades críticas.
La eficacia del erario no depende solo de la magnitud, sino de su composición. Con holguras estrechas, “hacer más con lo mismo —o lo mismo con menos—” deja de ser un eslogan y se vuelve regla: cierre de programas de bajo impacto, reasignaciones hacia intervenciones costo-efectivas y, allí donde se incremente gasto —en seguridad, por ejemplo—, metas, líneas de base y evaluaciones ex post accesibles a la ciudadanía.
