Los riesgos del Fondo Integrado de Pensiones

Ingrid Jones

Recientemente, la Dirección de Presupuestos publicó el Informe de Sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones (FIP). Si bien sus proyecciones de largo plazo dan cuenta de un fondo sostenible, es fundamental poner en la mesa sus grandes riesgos financieros y políticos.

Si el Fondo no acumula la cantidad de recursos necesarios para pagar los beneficios, deben ajustarse automáticamente ciertos parámetros: o se reduce la rentabilidad que se aplica a los registros de los aportes de los trabajadores (afectando las pensiones futuras), o se disminuyen las pensiones y beneficios de los pensionados actuales. Sin embargo, esto es solo teoría, pues la evidencia internacional en países con sistemas nocionales muestra que a pesar de que las reglas son automáticas y no están sujetas a decisiones políticas, son muy difíciles de aplicar.

“Se prometen beneficios con el riesgo de que ellos no se materialicen debido a la sustentabilidad del Fondo y las decisiones políticas del gobierno de turno”.

Por ejemplo, en Suecia, frente a la crisis financiera mundial de 2008, el mecanismo de ajuste automático provocaba una disminución importante del monto de las pensiones que se aplicaría en 2010. Sin embargo, la regla se modificó para que la reducción fuese menor a la que correspondía, y para contrarrestar la disminución de las pensiones el Gobierno redujo los impuestos que pagaban los jubilados. El costo de ambas medidas fue cargado al Presupuesto Nacional. Sin duda que este ajuste, que no se aplicó en su totalidad, probablemente significará aplicar un ajuste mayor en el futuro.

El caso italiano es otro ejemplo, donde por decisión política se postergó para 2010 el ajuste de beneficios a la expectativa de vida que correspondía en 2005. Sin embargo, en 2007, una nueva ley determinó que la actualización automática sería cada tres años, plazo que nuevamente se modificó en 2011 con una nueva ley determinó finalmente que la actualización automática sería cada dos años a partir de 2019. Como la expectativa de vida ha crecido a una tasa menor que la prevista, una nueva normativa de noviembre de 2019 dispuso que no habría aumento de este parámetro en 2021 y 2022. Es decir, aún no se han aplicado ajustes.

Otro factor que se suma es la captura política de los recursos. Si bien la nueva institucionalidad que se propone para el manejo de las inversiones, el IPPA, es autónomo, la Reforma no ofrece suficientes garantías de autonomía. Esto es preocupante, dada la gran concentración de recursos en manos de esta entidad pública, que podría llegar a ser 50% del PIB.

Es decir, se prometen beneficios con el riesgo de que ellos no se materialicen debido a la sustentabilidad del Fondo y las decisiones políticas del gobierno de turno. Nada asegura que un futuro gobierno haga uso de los recursos acumulados en el fondo colectivo para financiar, por ejemplo, ayudas sociales. En cambio, destinar el ahorro a cuentas individuales garantiza la propiedad sobre los fondos y permite una rentabilidad que incrementa sustancialmente las pensiones debido al efecto multiplicador del ahorro, entregando certezas donde ahora sólo hay riesgos.