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Alto contrasteMás allá de la UAF: conocer la ruta del dinero es tarea de todos
CARLOS PAVEZ T. Director de la Unidad de Análisis Financiero entre junio de 2022 y junio de 2026
EEl debate sobre la seguridad en Chile suele concentrarse en el despliegue policial. Sin embargo, mi experiencia de cuatro años al mando de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) demostró una verdad incómoda: no basta con tener una unidad de inteligencia fuerte si el resto del engranaje público y privado no comprende su rol técnico.
La persecución del crimen organizado exige asfixiar su sustento económico. Seguir la ruta del dinero excede con creces las capacidades de la UAF, los fiscales y las policías. Es una tarea colectiva que involucra activamente a múltiples actores.
Las funciones deben estar claras. La UAF detecta operaciones potencialmente constitutivas de lavado de activos mediante inteligencia financiera. Pero la primera línea de defensa no reside únicamente en el Estado. Los actores clave para prevenir e informar operaciones inusuales son los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS) -bancos, notarías, entre otros-, incluyendo también a las instituciones públicas mandatadas por ley. El sistema depende críticamente de la calidad y oportunidad de la información que estos proveen. Sin su detección oportuna, el Estado ciega su capacidad de análisis.
“Seguir la ruta del dinero excede con creces las capacidades de la UAF, los fiscales y las policías. Es una tarea colectiva que involucra activamente a múltiples actores”.
Explicitar el convencimiento político sobre la importancia de perseguir la ruta del dinero, ya no basta; se requieren acciones concretas para fortalecer el Sistema Nacional Anti Lavado de Activos (ALA). En el escenario actual, desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales resulta fundamental para frenar su expansión. Esto implica identificar a quienes lideran la operación económica, sancionarlos penalmente y confiscar los productos de sus delitos.
Nada de esto es viable sin el uso de la inteligencia financiera. Si carecemos de herramientas e institucionalidad para procesar la información, seguiremos facilitando el negocio de las mafias. Así, levantar el secreto bancario oportunamente es una condición obligatoria. Es imperativo despejar confusiones, la UAF requiere información de los movimientos bancarios para hacer inteligencia, completar la trazabilidad de las operaciones potencialmente ilícitas. También es necesario clarificar que la UAF no investiga penalmente, no cobra impuestos ni sanciona a lavadores. Su insumo es el combustible de las causas judiciales que lleva adelante el Ministerio Público.
Hoy, el Congreso tramita el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica y Financiera. El debate legislativo exige abandonar sesgos ideológicos que oponen erradamente herramientas clave, como el alzamiento administrativo del secreto bancario, a la privacidad individual o el temor a un mal uso de la información a la que accede la UAF. La Ley N° 19.913 y su propuesta de cambio son claras: esta información es de uso exclusivo de la UAF para inteligencia y no se traspasa a ningún otro órgano público. Si resulta necesaria para una investigación penal, el fiscal siempre deberá solicitar autorización a un juez de garantía para levantar el secreto bancario e incorporar dichos antecedentes a la carpeta investigativa. Si el Parlamento dilata este apoyo técnico por dogmas políticos, el crimen organizado seguirá ganando terreno.
