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Alto contrasteNuevas exigencias para el sector portuario
DANIEL FERNÁNDEZ K. Presidente Cámara Marítima y Portuaria de Chile
La Ley 19.542 de 1997, llamada Ley de Puertos, definió el marco de actuación de los sectores público y privado en los puertos estatales, estableciendo separar Emporchi en 10 empresas portuarias estatales (EPE); que las inversiones en ampliaciones de capacidad se hicieran por concesión a privados; concesiones por 20 años, ampliables por 10 más, sujetos a nuevas inversiones; que las EPE cobren una Tarifa de Uso Portuario (TUP) a las navieras, destinando lo recaudado a obras de abrigo, dragados, tránsito interior, seguros, y otros; y que el Estado no puede otorgar subsidios, créditos ni garantías a las EPE.
Esta política ha sido exitosa. En 28 años se invirtieron más de US$ 2.000 millones en obras de ampliación de capacidad y equipos, aumentando la transferencia de carga en 113%. Ninguna concesión ha sido caducada u objeto de arbitraje; todas las concesiones que cumplieron sus 20 años se prorrogaron por 10 más. Se generaron miles de puestos de trabajo con modalidades de contratación que aportan estabilidad y flexibilidad frente a la fluctuante llegada de naves, con condiciones laborales por sobre el promedio nacional.
“Con las inversiones que se harán en nuevas concesiones, el sistema portuario tendrá capacidad suficiente para los próximos 20 años”.
Hoy están por vencer las primeras concesiones, debiendo adjudicarse, entre 2030 y 2034, los terminales de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso (dos terminales), San Antonio (un terminal) y San Vicente, en un proceso que ya se encuentra rezagado. Esto es prioritario, más que el puerto de gran escala en
San Antonio, pues con las inversiones que se harán en estas nuevas concesiones el sistema portuario tendrá capacidad suficiente para los próximos 20 años.
Muchas mejoras pueden hacerse en este nuevo ciclo, la mayor parte de ellas también necesarias para los puertos privados con concesión marítima (DFL 340): actualizar las reglas de accesibilidad por mar, ampliar accesos viales y ferroviarios, respetar usos portuarios en los cambios de uso del suelo, servicios públicos trabajando 24x7, concesiones a 40 años con gatillos de inversión intermedios, reajustabilidad de tarifas ante variaciones de costos exógenos al control del concesionario, explicitar el destino de fondos de la TUP, recuperar los tres turnos de camiones en la zona central, más escáneres para control de las cargas, y muchas otras.
Las políticas públicas deben adecuarse a los cambios ocurridos en la sociedad, la economía y la tecnología, identificando primero aquello que se quiere conservar; en este caso -pensamos- los cinco pilares de una ley exitosa.
El sector privado participará de este nuevo ciclo de concesiones si se dan condiciones de estabilidad para las inversiones y se resuelven problemas que hoy se ubican más del lado del sector público que del sector privado.
